El representante aseguró que la célula legislativa enfrenta una situación crítica y advirtió sobre el riesgo de que cientos de expedientes no avancen dentro de los términos establecidos.
El representante a la Cámara Daniel Briceño volvió a cuestionar el funcionamiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, al asegurar que esta instancia atraviesa una prolongada parálisis y que miles de procesos permanecen sin ser repartidos.
Según el congresista, la Comisión acumula más de 2.400 investigaciones pendientes, situación que, en su concepto, podría llevar algunos expedientes hacia la prescripción si no se adoptan medidas para garantizar su trámite.
La denuncia de Briceño se suma a las alertas formuladas durante septiembre sobre la falta de recursos para el funcionamiento de la Comisión. En una denuncia anterior, el representante señaló que había 2.450 procesos activos que no habían podido ser repartidos entre los integrantes de la célula legislativa por falta de personal y apoyo jurídico.
La propia presidencia de la Comisión había advertido previamente sobre la situación. El 19 de agosto, su presidente, Carlos Alberto Cuenca Chaux, solicitó al Ministerio de Hacienda la asignación urgente de recursos para garantizar el funcionamiento de la dependencia y atender los expedientes que están bajo su responsabilidad.
La Comisión de Investigación y Acusación tiene entre sus funciones constitucionales conocer denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente de la República, el fiscal general y magistrados de las altas cortes.
Briceño ha advertido que la falta de recursos no solo impide el reparto de los procesos, sino que también dificulta conocer el estado actual de numerosos expedientes.
En declaraciones conocidas durante septiembre, el congresista sostuvo que algunos procesos podrían acercarse a la prescripción debido a que no existiría una suspensión general de términos. Estas afirmaciones se producen mientras la Comisión gestiona recursos para contratar el personal jurídico necesario y retomar el trámite ordinario de las investigaciones.
La Cámara de Representantes, por su parte, registra durante 2026 varias resoluciones relacionadas con la suspensión de términos judiciales y la atención al público en la Comisión, incluida una resolución expedida el 11 de septiembre de 2026.
El reclamo vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de una de las instancias del Congreso encargadas de investigar a altos funcionarios del Estado, mientras permanecen pendientes miles de expedientes y se busca resolver las dificultades presupuestales que han
