La diligencia busca recopilar evidencia técnica y documental sobre la transferencia gratuita de dos terrenos públicos realizada en 2017 durante la administración del exalcalde Steimer Mantilla, valorados en más de $10.000 millones y objeto de bloqueos preventivos por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Puerto Colombia (Atlántico), 3 de octubre de 2026. En el marco de la estrategia de protección del patrimonio público y tras las directrices emitidas por el Gobierno nacional, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantaron una inspección técnica judicial en las instalaciones de la Alcaldía de Puerto Colombia. La actuación busca reconstruir la trazabilidad jurídica, técnica y administrativa de las resoluciones que formalizaron la cesión gratuita de dos lotes fiscales de alta valorización a favor de particulares.
La intervención se enmarca en las investigaciones que adelantan las fiscalías 36 y 53 seccionales de Barranquilla por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Lotes investigados, medidas cautelares y posición institucional
Predio ‘Pajonal’ (5.300 m^2): Lote adjudicado de forma irregular al ciudadano Francisco Javier Pizarro Guerra bajo la figura de vivienda de interés social. A mediados de septiembre de 2026, la administración municipal hizo efectiva la revocatoria del acto administrativo de cesión.
Predio ‘Carrera 20 con Calle 2’ (33.637 m^2): Terreno valorado en más de $10.000 millones transferido al ciudadano Alfredo Manuel Montoya Hoyos. Sobre este inmueble, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) ordenó el bloqueo preventivo del folio de matrícula y la suspensión de trámites tras el llamado de atención del presidente Abelardo De La Espriella.
Acompañamiento municipal y colaboración con la justicia: La jefa de la Oficina Asesora Jurídica de Puerto Colombia, Liliana Rojas González, ratificó la plena disposición del equipo interdisciplinario local para aportar la documentación requerida, enfatizando que la actual administración actúa como denunciante y víctima en la búsqueda de recuperar el espacio público.
Respaldos gremiales y vigilancia institucional: Gremios como Camacol Atlántico, la Fundación Protransparencia y juristas del departamento habían solicitado celeridad en los procesos, los cuales avanzan hacia la definición de responsabilidades penales e inmobiliarias.
Las medidas cautelares sobre los folios de matrícula mantendrán congelada cualquier intervención o desarrollo constructivo en los terrenos mientras la justicia define la titularidad definitiva del patrimonio municipal
