La situación fue rechazada por la defensa de la esposa y la hija del exmandatario, que negó cualquier vínculo de Gómez Cerchar con los hechos registrados recientemente en la sede de la Procuraduría General de la Nación y pidió que se investigue quién está detrás de las acciones que generaron preocupación entre funcionarios judiciales.
El abogado Juan Felipe Criollo, apoderado de la familia, aseguró que su defendido es completamente ajeno a lo ocurrido y calificó como irresponsables las versiones que pretenden relacionarlo con un supuesto plan contra funcionarios de la justicia.
“Manifestamos la absoluta ajenidad del señor Juan Francisco Gómez Cerchar frente a lo acontecido. Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos”, señaló la defensa.
Los acontecimientos que encendieron las alarmas se conocieron luego de que Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, reportara situaciones inusuales en su despacho, ubicado en el piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá.
De acuerdo con la información conocida por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, inicialmente habría sido encontrada una bala disparada dentro de la oficina del funcionario. Posteriormente, al regresar a su despacho, Bonilla habría encontrado dos ventanas rotas y evidencias de dos disparos de fusil.
Pero la preocupación entre quienes participaron en el proceso contra ‘Kiko’ Gómez ya se había manifestado días antes.
El pasado 26 de agosto, la procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque acudió al despacho del magistrado Urbano para expresarle su “profunda preocupación” por la seguridad personal del togado y de los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso contra el exgobernador.
Guzmán Duque había presentado una de las demandas de casación relacionadas con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que inicialmente había absuelto a Gómez Cerchar por uno de los homicidios.
Ante estas advertencias, Urbano decidió informar formalmente la situación a la presidencia de la Sala de Casación Penal y poner sobre la mesa la posibilidad de que la decisión judicial hubiera generado algún tipo de riesgo.
“Considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, manifestó el magistrado.
En su comunicación, Urbano pidió que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conociera de manera urgente lo sucedido y evaluara el fortalecimiento de las medidas de seguridad para los magistrados de la Sala Penal y sus familias.
La alerta llegó posteriormente a la Presidencia de la Corte Suprema. El presidente de la corporación, Iván Mauricio Lenis Gómez, ordenó que el área de seguridad del alto tribunal y la Dirección de Protección de la Policía Nacional adoptaran de inmediato las medidas necesarias para proteger a los magistrados.
Todo ocurre después de la decisión de la Sala de Casación Penal que, con ponencia de Urbano, condenó por unanimidad a Gómez Cerchar a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado.
La sentencia fue emitida el pasado 29 de abril, cuando la Corte resolvió el recurso de casación y revocó la absolución que había sido dictada por el Tribunal Superior de Bogotá.
La decisión mantiene vigente la condena contra el exgobernador, quien permanece privado de la libertad.
A los hechos se sumó la circulación en redes sociales de un mensaje que hacía referencia a un supuesto “poderoso asesino guajiro”, quien estaría preso y tendría varias condenas. En esa publicación se aseguraba que habría pedido a sus familiares abandonar cargos públicos y trasladarse a Italia y que supuestamente habría ordenado el asesinato de tres personas.
No obstante, la comunicación del magistrado Urbano no establece que esa información haya sido elaborada o difundida por Gómez Cerchar. La referencia fue incluida dentro del conjunto de elementos que generaron preocupación y llevaron a solicitar medidas preventivas.
La defensa, por su parte, sostuvo que la difusión de señalamientos de esa naturaleza afecta no solo el buen nombre del exgobernador, sino también la seguridad de su esposa, su hija y demás integrantes de su núcleo familiar.
“Solicitamos respetuosamente a las autoridades competentes que dispongan y desplieguen, con la mayor prontitud, las medidas de seguridad y protección necesarias en favor de todas las personas que, con ocasión de estos hechos, puedan encontrarse en situación de riesgo”, indicó el abogado Criollo.
Por ahora, las autoridades deberán determinar quién estuvo detrás de los hechos ocurridos en la Procuraduría y establecer si existe alguna relación entre esos incidentes y las advertencias de seguridad formuladas en la Corte Suprema.
Mientras se esclarecen los hechos, la familia de ‘Kiko’ Gómez mantiene su posición: niega cualquier participación del exgobernador y reclama que las investigaciones establezcan responsabilidades con base en pruebas y no en versiones que, según la defensa, podrían poner en riesgo a todo su entorno familiar.
