La investigación está relacionada con la participación de la congresista en un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá, cuando ingresó al establecimiento penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
El alto tribunal pretende establecer si las actuaciones adelantadas por Zuleta durante ese procedimiento estuvieron dentro de las funciones que le correspondían como Coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.
La designación de la senadora en esa función se produjo mediante las Resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, documentos que determinaron el alcance de sus responsabilidades dentro del proceso de diálogo con estructuras criminales.
El episodio que ahora está bajo revisión judicial ocurrió en La Picota, donde las autoridades realizaron un procedimiento que terminó con la incautación de un arma de fuego.
Según la información que hace parte de la actuación, el hallazgo se produjo a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de ‘Pipe Tuluá’.
Precisamente, la presencia de la senadora en el procedimiento y el alcance de su intervención son algunos de los aspectos que deberá esclarecer la investigación de la Corte Suprema.
La #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ abrió investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública.
La actuación busca establecer si su participación en un operativo realizado el 10 de julio de… pic.twitter.com/KO1F5YBSYE
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 21, 2026
El alto tribunal busca determinar si la participación de Zuleta se encontraba amparada por las funciones que le fueron conferidas oficialmente o si, por el contrario, habría excedido las competencias establecidas en las resoluciones mediante las cuales fue designada como coordinadora del Gobierno.
La apertura formal de la investigación no significa que exista una condena ni que la responsabilidad penal de la congresista esté establecida. La indagatoria constituye una etapa dentro del proceso mediante la cual la Sala de Instrucción recopilará elementos de juicio, escuchará a la investigada y establecerá si existen fundamentos suficientes para avanzar en la actuación.
El caso adquiere especial relevancia debido al papel que Zuleta desempeñaba en los espacios de conversación sociojurídica impulsados por el Gobierno nacional con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
La Corte deberá analizar, entre otros aspectos, cuáles eran exactamente las facultades otorgadas a la senadora, qué ocurrió durante el procedimiento en La Picota y cuál fue su nivel de participación en las actuaciones que terminaron con el decomiso del arma.
La investigación también pondrá bajo la lupa la frontera entre las labores de interlocución política y las competencias propias de las autoridades encargadas de realizar procedimientos de carácter judicial o de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.
Por ahora, la Sala de Instrucción continuará con la práctica de las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar si la conducta investigada puede constituir el delito de abuso de función pública.
La decisión de la Corte Suprema coloca nuevamente bajo escrutinio judicial las actuaciones de funcionarios y representantes políticos vinculados a los procesos de diálogo con estructuras criminales, en particular cuando sus actividades pueden cruzarse con procedimientos desarrollados por organismos de investigación y seguridad del Estado.
Será la propia investigación la que permita establecer si la intervención de Isabel Cristina Zuleta en el operativo de La Picota correspondió a las funciones que le fueron asignadas por el Gobierno o si, como deberá determinar la Corte, se produjo un eventual exceso en el ejercicio de sus competencias.
