En una decisión contundente, la Corte Constitucional ha declarado inexequibles dos decretos fundamentales relacionados con la emergencia económica y social en La Guajira, teniendo como consecuencia la anulación del nombramiento previsto para Alfredo Saade como líder del recién propuesto Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira.
La sentencia de la Corte, emitida en respuesta a los decretos 1276 y 1250 de 2023, desmantela las medidas para la transición energética y las acciones en materia de agua y saneamiento básico, respectivamente. Aunque originalmente el segundo decreto contemplaba efectos diferidos a un año, la Corte decidió retroactivamente invalidar ciertos artículos clave.
Específicamente, el artículo 12, que establece la temporalidad de las competencias asignadas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, junto con los artículos 12 II y 13, los cuales propiciaban la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, han sido anulados con efectos inmediatos y retroactivos.
Esta decisión implica que Alfredo Saade, reconocido líder cristiano y político, ya no podrá ser designado por el Gobierno Nacional para abordar y resolver la problemática del agua en La Guajira, como se pretendía inicialmente. La medida de la Corte Constitucional representa un revés significativo en los esfuerzos por hacer frente a la crisis hídrica en la región.
La comunidad guajira, así como los actores políticos y sociales, están a la expectativa de cómo se abordará ahora la gestión del agua en la región, dada la anulación de los decretos clave. Esta decisión no solo impacta en la esfera gubernamental sino que también genera interrogantes sobre el futuro de las políticas destinadas a enfrentar los desafíos ambientales y sociales en La Guajira.
