La Corte Constitucional admitió una demanda contra la Ley 2494 de 2025, que fija nuevas reglas para la elaboración y difusión de encuestas en el país. La acción fue presentada por el ciudadano Juan Manuel López, quien argumenta que la norma debió tramitarse como ley estatutaria al impactar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.
El demandante cuestiona disposiciones como la prohibición de sondeos no probabilísticos y los requisitos técnicos exigidos para publicar encuestas electorales, medidas que —según afirma— podrían restringir la pluralidad informativa y limitar la entrada de nuevos actores. También advierte que algunas funciones otorgadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) podrían modificar su estructura institucional.
Otro punto señalado es la falta de estudio sobre el impacto fiscal de la norma, pues contempla la creación de entidades técnicas, un registro nacional de encuestadoras y auditorías permanentes que implicarían costos no evaluados, lo cual, según el escrito, vulneraría el principio de sostenibilidad fiscal.
Tras aceptar la demanda, la Corte solicitó al Congreso los antecedentes legislativos y pidió concepto al Ministerio de Hacienda. También convocó a los autores y ponentes de la norma para sustentar su trámite.
Adicionalmente, se invitó a organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), universidades y firmas encuestadoras, con el fin de analizar los efectos de la ley en el ejercicio democrático y el acceso a la información.
