La Corte Constitucional rechazó por improcedente la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Salud respecto a la decisión que declaró el incumplimiento en la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En consecuencia, el alto tribunal ratificó la orden de crear, en un plazo de 10 días, una mesa de trabajo para reestructurar el cálculo de la UPC, debido a que su incremento ha sido insuficiente.
Asimismo, la Corte ordenó al Ministerio presentar, en el transcurso de un mes, un informe que justifique la fijación de la UPC para el año 2025. También deberá acatar las demás disposiciones contenidas en la decisión cuestionada, entre ellas, la creación de una herramienta en un plazo de tres meses para mejorar la precisión en los cálculos de la UPC, debido a deficiencias en la información utilizada desde 2016.
Según la Sala de Seguimiento del alto tribunal, la solicitud del Ministerio de Salud no tenía como propósito obtener claridad sobre los términos de cumplimiento, sino que buscaba cuestionar el fallo, lo que la hacía improcedente.
Por otro lado, respecto a los llamados presupuestos máximos, que son recursos destinados a inversiones como tecnología, la Corte aclaró algunas dudas planteadas por el Ministerio, pero mantuvo su orden de pago a los prestadores. En este sentido, se reafirmó que en un máximo de 48 horas deben efectuarse los ajustes correspondientes a 2022. Además, en un plazo de 18 días, deberá realizarse el giro de julio a octubre de 2024, seguido por los pagos de noviembre y diciembre del mismo año en otro período de 18 días. Los desembolsos de enero y febrero de 2025 deberán realizarse en los últimos 10 días de febrero, y en adelante, los pagos serán mensuales dentro de los primeros 15 días de cada mes.
Finalmente, en cuanto al incidente de desacato abierto contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Corte le otorgó un plazo de dos días para que se pronuncie sobre la medida que enfrenta.
