La Contraloría General de la Nación reveló que, debido a la falta de documentación, no pudo auditar más de $2.4 billones destinados a proyectos de Prosperidad Social. La entidad encargada de la fiscalización señaló que solo se presentó información completa del 2.31% de los 889 convenios interadministrativos relacionados con los recursos gestionados por esta dependencia, lo que limita significativamente la revisión de los fondos.
De los convenios analizados, que cubren proyectos desde 2011 hasta el primer semestre de 2024, la Contraloría solo pudo acceder a la documentación de 25 convenios, lo que representa una muestra mínima frente al total de los convenios firmados. Prosperidad Social no pudo aportar los documentos requeridos, asegurando que la documentación necesaria no estaba disponible en sus archivos y expedientes contractuales.
Esto ha sido calificado como un hecho sin precedentes en la historia del control fiscal, pues no se logró auditar el 83% de los convenios interadministrativos ni la contratación relacionada con ellos. Aunque la Contraloría subraya que esto no implica necesariamente que los proyectos no se hayan ejecutado correctamente o que los recursos no se hayan invertido adecuadamente, la situación fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación.
A pesar de las dificultades, la Contraloría identificó 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $12.682 millones, que evidencian deficiencias en los procesos de seguimiento y control de los convenios, incluyendo pagos excesivos, obras inconclusas y retrasos en su ejecución.
