La Misión de Verificación de la ONU en Colombia fue extendida este viernes en el Consejo de Seguridad del organismo hasta el 31 de octubre de 2026, aunque hubo algunos cambios y uno de ellos es la exclusión de la obligación de la ONU para verificar y monitorear las sanciones y sentencias de la JEP al igual que el seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.

La JEP, el tribunal de paz creado tras el acuerdo con las FARC, dijo en un comunicado que, mediante su propio sistema de monitoreo, continuará verificando el cumplimiento de las primeras sentencias condenatorias impuestas recientemente a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad.

“En la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las Sanciones Propias”, señaló el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, citado en un comunicado de su despacho.

Además, la JEP consideró que “es positivo” que el Consejo de Seguridad haya renovado el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia por un nuevo año.

La mayoría de países miembros del Consejo de Seguridad de la @UN lamentaron la determinación de excluir de las obligaciones de la @MisionONUCol las tareas relacionadas con la verificación y monitoreo de las #SancionesPropias de la JEP y seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo…

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 31, 2025

La renovación de la misión recibió 13 votos a favor y dos abstenciones (Rusia y Estados Unidos), marcando una fractura en el voto unánime por primera vez en sus ocho años de existencia.

Por su parte, el Presidente Gustavo Petro aseguró  “que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo, y la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) muestra la displicencia del gobierno actual de los EE.UU. con la verdad en Colombia” en medio de las crecientes tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la lucha antidrogas.

Petro agregó que esto “tiene una razón básica: los gobernantes norteamericanos saben que sus actuales aliados políticos en Colombia son aliados también del narcotráfico, y son en el pasado los responsables de un genocidio, de la violencia”.

La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU supone un cambio significativo en el papel de la misión, derivada del acuerdo de paz con las FARC de 2016, y que hasta ahora acompañaba la implementación de esos dos componentes para la consolidación de la paz.

Las llamadas sanciones restaurativas trataban de garantizar la reparación a las víctimas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los excombatientes, mientras que el Capítulo Étnico reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, duramente afectados por el conflicto.

Excluidos esos dos asuntos, el mandato de la misión se centrará en la reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las FARC; las garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades; y la reforma rural integral.

EFE.