La Sección Segunda del alto tribunal acumuló los expedientes que cuestionan el aumento del 23% fijado por decreto para este año, desestimó los recursos del Ministerio del Trabajo y del DAPRE, y declaró cerrada la etapa probatoria para proferir sentencia anticipada.
El Consejo de Estado dejó listo el expediente unificado con el cual decidirá de fondo sobre la legalidad del Decreto 1469 de 2025, acto administrativo mediante el cual el Gobierno anterior fijó de manera unipartita un incremento del 23 % en el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026.
La Sección Segunda del alto tribunal procedió a acumular dos nuevas demandas al proceso principal promovido por ciudadanos, gremios económicos y sectores del empresariado, garantizando que la totalidad de los reparos jurídicos contra la medida sean resueltos en un único pronunciamiento.
Saneamiento del proceso, objeciones desestimadas y recta final del fallo
Rechazo a los recursos de las entidades gubernamentales: El tribunal desestimó de forma categórica las objeciones presentadas por la defensa jurídica del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Dichas entidades habían alegado presuntos vicios de forma en los libelos y una indebida acumulación de pretensiones, argumentos que la corporación consideró desprovistos de sustento probatorio.
Cierre de etapa probatoria y sentencia anticipada: Al haberse practicado la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes, el despacho judicial dio por concluida esta fase procesal, dejando la causa en estado de dictar sentencia anticipada.
Límites a la fijación salarial por decreto: La demanda busca determinar si el ajuste decretado desconoció los parámetros macroeconómicos, el índice de precios al consumidor (IPC) y la productividad laboral exigidos por la Ley 278 de 1996 para las decisiones no concertadas en la mesa tripartita.
Con la unificación del expediente, la decisión definitiva del Consejo de Estado sobre la validez del salario mínimo fijado para 2026 entra en su etapa final, marcando un hito jurisprudencial clave para las próximas negociaciones salariales del país.
