La curul de Carolina Corcho en el Senado quedó bajo revisión judicial luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda que cuestiona el procedimiento mediante el cual la exministra de Salud terminó encabezando la lista del Pacto Histórico para las elecciones legislativas.
El proceso fue admitido el pasado 13 de agosto de 2026 y quedó en manos de la Sección Quinta del alto tribunal. La demanda fue presentada por Juan Carlos Calderón España, quien busca que la justicia determine si la designación de Corcho como cabeza de lista se ajustó a las reglas internas establecidas por el Pacto Histórico para seleccionar e inscribir a sus candidatos.
El caso revive una de las disputas políticas más fuertes que protagonizó el petrismo durante la conformación de sus listas al Congreso. Carolina Corcho y María José Pizarro se enfrentaron por la posibilidad de encabezar la lista al Senado, en medio de diferencias sobre la manera en que debía definirse esa posición.
Inicialmente, Pizarro aparecía como la principal candidata para ocupar el primer lugar. Sin embargo, el escenario cambió después de la consulta en la que Corcho obtuvo 678.962 votos, resultado que utilizó para defender que la conformación de la lista debía responder a la voluntad expresada en las urnas y no a una decisión interna.
Corcho sostuvo en ese momento que el acuerdo político del Pacto Histórico establecía que no habría una designación mediante “bolígrafo”, sino una elección popular. Su posición generó una fuerte discusión dentro del movimiento, especialmente porque Pizarro había decidido apartarse de la carrera presidencial y posteriormente cuestionó que Corcho pretendiera asumir la cabeza de lista.
Pizarro llegó a señalar que Corcho había participado en la consulta presidencial, había perdido y debía asumir las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, posteriormente moderó su posición y se conoció el acuerdo mediante el cual Corcho terminó siendo anunciada como cabeza de lista.
Ahora, esa decisión política tendrá que ser examinada desde el punto de vista jurídico. La demanda no significa que Corcho haya perdido su curul ni que exista una decisión definitiva en su contra. Lo que hizo el Consejo de Estado fue admitir el proceso para estudiar los argumentos planteados por el demandante.
El punto central será determinar si el Pacto Histórico cumplió sus propias reglas al momento de definir la cabeza de lista y posteriormente inscribir a sus candidatos. Si durante el proceso judicial se establece que hubo una irregularidad con efectos sobre la elección, el tribunal deberá determinar cuáles serían sus consecuencias jurídicas.
Por ahora, Carolina Corcho conserva su curul y no existe una orden que la aparte del Senado. El proceso apenas entra en una nueva etapa y será necesario que el Consejo de Estado estudie las pruebas, los argumentos de las partes y las normas que regulaban la selección de candidatos.
La decisión también podría tener una dimensión política importante para el Pacto Histórico, pues el caso vuelve a poner sobre la mesa las divisiones internas que marcaron la conformación de sus listas y la tensión entre los acuerdos políticos y los mecanismos democráticos utilizados para definir las candidaturas.
