El Congreso de la República respondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca luego de que esa corporación admitiera para estudio una acción judicial que busca suspender la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali.
En el documento remitido al alto tribunal, el Legislativo defendió la legalidad de la decisión de trasladar la ceremonia de investidura a la capital del Valle del Cauca y advirtió que acceder a la solicitud podría representar una interferencia en las competencias constitucionales de otros poderes públicos.
Según el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron de manera autónoma el traslado excepcional de la sesión solemne en la que se cumplirá la posesión presidencial, por lo que consideran que dicha determinación hace parte de las facultades propias del Poder Legislativo.
La controversia surgió luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera una acción popular que solicita suspender provisionalmente la ceremonia, argumentando posibles afectaciones a los recursos públicos y cuestionamientos sobre los soportes jurídicos, presupuestales, logísticos y de seguridad del traslado.
Sin embargo, el Congreso sostuvo que las decisiones adoptadas por las corporaciones legislativas deben ser respetadas y señaló que una eventual suspensión judicial podría afectar el principio de separación de poderes establecido en la Constitución.
Mientras el Tribunal estudia la solicitud de medida cautelar, el Gobierno entrante continúa con los preparativos para la ceremonia de posesión en la Arena USC de Cali, prevista para este jueves 7 de agosto.
