Los representantes a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, presentaron un proyecto de ley con el que buscan eliminar los denominados “impuestos saludables” aplicados a determinados alimentos y bebidas considerados de alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ha generado posiciones encontradas en Colombia: hasta qué punto los impuestos pueden utilizarse como una herramienta para modificar los hábitos de consumo y promover mejores condiciones de salud, y cuándo estos terminan trasladándose al precio final de los productos y afectando a consumidores y comerciantes.
Briceño y Borda sostienen que el actual esquema tributario estaría generando efectos económicos especialmente sobre las pequeñas tiendas, supermercados de barrio, panaderías y otros establecimientos que dependen de la comercialización de estos productos.
Según Briceño, el impuesto fue presentado durante el Gobierno de Gustavo Petro como una medida orientada a proteger la salud pública, pero, en su opinión, no habría cumplido con el objetivo esperado y sí habría generado mayores costos para quienes participan en la cadena de comercialización.
El congresista cuestionó que el incremento de los impuestos sea utilizado como mecanismo para modificar las decisiones de consumo de los ciudadanos y aseguró que el impacto termina recayendo también sobre los pequeños comerciantes.
“Al final ni cuidaron la salud ni lograron que fuera más eficiente el gasto”, sostuvo Briceño, al referirse a lo que considera uno de los principales problemas de la medida.
El representante también calificó el esquema como un “impuesto al tendero” y señaló que las consecuencias económicas no se limitarían a los grandes productores o distribuidores, sino que llegarían hasta los negocios de menor tamaño.
Por su parte, Carol Borda respaldó la eliminación del gravamen y afirmó que el impacto estaría afectando los ingresos de una proporción importante de establecimientos comerciales.
De acuerdo con los argumentos expuestos por los congresistas, el debate no debe centrarse únicamente en si determinados productos son saludables o no, sino también en quién termina asumiendo el costo de las medidas tributarias implementadas para desincentivar su consumo.
Los autores del proyecto insistieron en que su propuesta no significa desconocer los problemas relacionados con la alimentación y la salud pública. Por el contrario, plantean que el país debería buscar mecanismos diferentes para enfrentar fenómenos como el consumo excesivo de productos con altos niveles de azúcar, sodio o grasas.
Uno de los puntos centrales de la discusión tiene que ver precisamente con la efectividad de utilizar impuestos como herramienta de política pública. Briceño y Borda consideran que aumentar el precio de determinados productos no necesariamente garantiza que los consumidores modifiquen sus hábitos alimenticios.
“Yo no creo que subiéndole los impuestos a la gente se vayan a comenzar a cuidar más”, ha planteado Briceño, al defender la iniciativa.
Los congresistas también hicieron énfasis en la autonomía de los ciudadanos para decidir qué productos comprar y consumir. Borda sostuvo que el Estado debe promover mejores hábitos y entregar información, pero cuestionó que necesariamente tenga que intervenir mediante impuestos para determinar las decisiones alimentarias de las personas.
El proyecto abre así una nueva discusión en el Congreso sobre los límites de la política tributaria y su utilización con fines distintos a la simple recaudación de recursos.
Los llamados impuestos saludables fueron incorporados al sistema tributario colombiano durante el Gobierno Petro como parte de una estrategia que buscaba desincentivar el consumo de determinados productos asociados con riesgos para la salud. El esquema contempla gravámenes diferenciados de acuerdo con las características de los productos y su composición.
Para los promotores de estos impuestos, la medida busca que los consumidores tengan un incentivo económico para reducir el consumo de productos considerados perjudiciales cuando se consumen en exceso. También se ha argumentado que este tipo de herramientas puede contribuir a enfrentar problemas de salud pública relacionados con la alimentación.
La propuesta de Briceño y Borda parte de una visión diferente. Los representantes consideran que el Estado debe concentrarse en estrategias de prevención, educación e información al consumidor, en lugar de aumentar la carga tributaria sobre determinados productos.
Otro de los argumentos expuestos por los congresistas es el efecto que las modificaciones tributarias pueden tener sobre los pequeños negocios. En su planteamiento, un incremento en el precio de los productos puede reducir los márgenes de comercialización de las tiendas y generar dificultades para establecimientos que trabajan con volúmenes de venta relativamente pequeños.
La discusión también involucra a los consumidores, quienes podrían terminar pagando directa o indirectamente parte del incremento generado por el impuesto, dependiendo de la forma en que productores, distribuidores y comerciantes trasladen el costo a lo largo de la cadena.
No obstante, la eliminación de estos impuestos no es automática. El proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso de la República, con debates en las respectivas comisiones y plenarias antes de que pueda convertirse en ley. Además, durante su discusión podrían presentarse modificaciones al texto, así como posiciones de otros sectores políticos, económicos y de salud pública.
La iniciativa seguramente enfrentará un debate amplio debido a que el impuesto tiene dos dimensiones: una fiscal y otra relacionada con la salud pública. Mientras sus defensores sostienen que puede contribuir a reducir el consumo de determinados productos y generar recursos para el Estado, sus críticos consideran que el mecanismo termina trasladando mayores costos a consumidores y pequeños comerciantes sin garantizar un cambio significativo en los hábitos alimenticios.
Por ahora, Briceño y Borda buscan que el Congreso revise nuevamente la conveniencia del modelo y determine si debe mantenerse, modificarse o eliminarse.
El proyecto deja planteada una pregunta que tendrá que resolver el Legislativo: si la protección de la salud pública debe apoyarse principalmente en medidas tributarias que encarezcan ciertos productos o si el Estado debería privilegiar mecanismos de educación, prevención e información sin trasladar esa carga económica a los ciudadanos y pequeños comerciantes.
El futuro de la iniciativa dependerá de los debates que se desarrollen en el Congreso y de la capacidad de sus promotores para demostrar los efectos económicos que atribuyen al impuesto, frente a los argumentos de quienes defienden su permanencia como una herramienta de política pública en materia de salud.
