Tras la firma del reciente decreto que otorga competencias ambientales a las comunidades indígenas, permitiéndoles formular y desarrollar instrumentos de regulación y gestión ambiental, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país han expresado su fuerte oposición. Aseguran que esta decisión no solo genera un conflicto de competencias, sino que también podría derivar en una situación crítica en el ámbito jurídico y afectar la gestión ambiental regional.
Las CAR argumentan que el decreto ignora los logros alcanzados a lo largo de los años por estas corporaciones y perjudica los principios de coordinación y participación establecidos dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA). “Este tipo de decisiones comprometen la labor que hemos realizado para preservar el medio ambiente y gestionarlo de manera sostenible,” manifestaron representantes de las CAR.
Además, señalan que el decreto transgrede las competencias que residen en el Congreso de la República. Según ellos, el gobierno no puede atribuirse funciones que corresponden al poder legislativo, ni modificar o asignar funciones a actores distintos sin el debido proceso.
En un contexto de creciente tensión, las CAR también rechazaron las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien se refirió a estas entidades de manera negativa. Instaron al mandatario a presentar cualquier evidencia de corrupción ante las autoridades competentes, en lugar de realizar acusaciones generalizadas que podrían desvirtuar su trabajo.
La controversia generada por el decreto resalta la necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno, las comunidades indígenas y las corporaciones ambientales, a fin de encontrar un equilibrio que promueva tanto los derechos de las comunidades como la efectividad de la gestión ambiental en el país. Las CAR han pedido al gobierno una revisión del decreto y un compromiso con la coordinación interinstitucional en la materia.
