El exdiputado del Atlántico y hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, continuará enfrentando su proceso judicial en 2025, con el juicio sobre los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos aún sin resolución, después de un año marcado por controversias, aplazamientos y cambios en el equipo fiscal.
El proceso, que se reanudará el próximo 13 de enero de 2025 cuando los juzgados retomen su actividad después de las vacaciones, ha estado plagado de retrasos desde el inicio. El primer giro importante ocurrió en enero de 2024, cuando Nicolás Petro fue formalmente acusado por el fiscal Mario Burgos en el juzgado segundo especializado de Barranquilla. En esa ocasión, la defensa solicitó la nulidad del proceso argumentando que no existía un nexo claro entre el supuesto aumento patrimonial y su labor como funcionario público. Sin embargo, el juez Hugo Carbonó rechazó la solicitud y el fiscal presentó pruebas, como gastos sospechosos por $23 millones en arriendos y la compra de un vehículo de lujo, que habrían incrementado su patrimonio de forma ilícita.
El proceso continuó con nuevas revelaciones, como la posible implicación de Nicolás Petro en irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de su padre. En este contexto, Petro testificó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en marzo, donde denunció presiones durante su interrogatorio en la Fiscalía, que él calificó de «ilegal» y filtrado a la prensa.
A lo largo del año, las audiencias fueron reiteradamente aplazadas, muchas veces debido a solicitudes de la defensa. La situación empeoró cuando el fiscal Mario Burgos fue apartado del caso tras una formulación de cargos en su contra por supuestas irregularidades, y su reemplazo, Lucy Marcela Laborde, también enfrentó obstáculos, incluyendo problemas de salud que retrasaron aún más el proceso.
El 22 de octubre, el juez Carbonó advirtió que no habría más aplazamientos, y tras la designación de Alejandro Carranza como nuevo defensor de Nicolás, se presentaron nuevas solicitudes de aplazamiento, generando aún más tensión en el caso.
A pesar de las dificultades, la Fiscalía introdujo como pruebas testimonios cruciales y más de 2.3 millones de documentos relacionados con la financiación de la campaña presidencial, que involucran a figuras clave como Armando Benedetti y Pedro Flórez, además de una investigación financiera sobre los acusados.
Con la audiencia preparatoria ya concluida, Nicolás Petro tendrá que asistir el 13 de enero de 2025 para enfrentar las pruebas de la defensa y decidir si acepta o no los cargos. En ese momento, si no se llega a un preacuerdo con la Fiscalía, el proceso continuará con la explicación de los testigos y las pruebas presentadas por el ente acusador.
Según la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, aún no parece cercano un acuerdo, y el caso seguirá avanzando judicialmente. Nicolás Petro y la Fiscalía se volverán a enfrentar el próximo año, con la posibilidad de un preacuerdo sobre la mesa, pero con el tiempo como su peor enemigo.
