En una operación simultánea de la Dijin en Barranquilla, Montería y Medellín, fueron capturadas 11 personas. Modificaban el software biométrico para suplantar a las víctimas de la violencia y a los adultos mayores.
Mientras miles de familias vulnerables hacían filas interminables esperando un auxilio estatal para mitigar el hambre, una sofisticada organización criminal se llenaba los bolsillos desde la comodidad de las pantallas. Tras una investigación de más de un año, la Dijin de la Policía y la Fiscalía General de la Nación desmantelaron una red delincuencial acusada de apropiarse de más de 3.000 millones de pesos destinados a los programas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
La operación de captura se ejecutó de manera simultánea mediante un despliegue de allanamientos en Barranquilla, Montería y Medellín. En total, 11 personas fueron puestas tras las rejas, señaladas de montar una auténtica fábrica de fraude electrónico y suplantación de identidad a nivel nacional.
Hackeo biométrico: El sofisticado ‘modus operandi’
Lo que inicialmente parecía un problema de trámites administrativos resultó ser un elaborado plan de ciberdelincuencia. Según peritos judiciales y dactiloscópicos de la Policía, la banda no se limitaba a falsificar documentos; lograron violar la seguridad del software diseñado para el enrolamiento de las huellas dactilares de los beneficiarios reales.
Hackeo al sistema: “La red accedía de forma ilegal al sistema informático para modificar las huellas de los legítimos beneficiarios y colocar, en su lugar, las del cabecilla de la organización y sus cómplices. Así burlaban los lectores biométricos en los puntos de recaudo”, detalló el coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin.
Los tentáculos de esta organización afectaron directamente a los colombianos más desprotegidos. La investigación arrojó que los dineros desviados correspondían a los subsidios de:
Jóvenes en Acción
Colombia Mayor (Adulto Mayor)
Unidad para las Víctimas Desplazadas por la Violencia
Hasta el momento, las autoridades han plenamente identificado a 334 víctimas directas, acumulando 49 denuncias penales y 69 quejas formales ante las redes multiservicios de recaudo.
De Medellín al Caribe: La expansión de alias ‘Yeimar’
El expediente judicial señala a alias ‘Yeimar’ como el presunto cerebro detrás de la operación. Aunque la red criminal comenzó sus andanzas en Medellín y varios municipios de Antioquia, el flujo de dinero los llevó a expandir su “franquicia” delictiva hacia Ibagué, Montería y Barranquilla.
En estas capitales establecieron centros de operaciones clandestinos dedicados a la captación de colaboradores, la falsificación masiva de cédulas y el acceso abusivo a redes informáticas de giros.
| Elementos incautados en los allanamientos | Uso delictivo dentro de la organización |
| 9 computadores y 3 discos duros | Hackeo de plataformas y almacenamiento de bases de datos de las víctimas. |
| Lectores biométricos y de código de barras | Pruebas de laboratorio para clonar huellas antes de ir a los puntos de pago. |
| Máquinas laminadoras e insumos | Fabricación ilegal de cédulas de ciudadanía falsas. |
| 8 terminales telefónicas | Coordinación logística entre reclutadores y cobradores. |
Ante la justicia
Los 11 detenidos fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien declaró la legalidad de los procedimientos de captura y allanamiento. La Fiscalía General de la Nación les imputó formalmente los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.
A pesar del contundente golpe, la Dijin advirtió que la lupa sigue puesta sobre el caso, pues se busca determinar si existió complicidad interna de funcionarios de las redes de recaudo o del propio DPS en la Costa Caribe y el interior del país.
