La Procuraduría y la Alcaldía exigen explicaciones ante la grave situación denunciada por el sindicato, que alerta sobre hacinamiento y condiciones insalubres en la sede forense.
La crisis sanitaria que los malos olores de la sede de Medicina Legal de Barranquilla destaparon, es una que desde hace un año venía siendo denunciada por el sindicato de trabajadores de la entidad, quienes advertían sobre condiciones de trabajo que estaban colocando en riesgo la salud de los empleados.
Solo hasta el pasado 27 de junio, el Ministerio de Trabajo le abrió una averiguación preliminar al Instituto por las condiciones de la morgue, lo que llevó a que el pasado 17 de julio fuera enviada una comisión de la oficina del Trabajo y del sindicato, quienes se habrían sorprendido con lo que encontraron.
De acuerdo con Javier Oviedo, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Medicinal Legal, detectaron hacinamiento de cuerpos en el cuarto frío, el cual alberga 80 cuerpos, a pesar de que solo tiene capacidad para 20, los cuales estaban “apilados” y algunos con un acelerado proceso de descomposición.
También hallaron proliferación de insectos, especialmente de moscas, lo que, en su conjunto, representan riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, “quienes deben ingresar al cuarto frío para realizar la búsqueda del cuerpo y su entrega”.
“En cualquier momento ese cuarto frío va a fallar o está funcionando sin cumplir con su función y los cadáveres lo que hacen es que se descomponen. Esto va a crear una emergencia sanitaria. En la visita que tuvimos el jueves evidenciábamos mucha mosca. Sí, habían hecho aseo, pero el problema no es ese, el problema son los cuerpos que están ahí, ese una nevera grande. Los cuerpos están unos encima de otro, del piso para arriba”, contó.
Esta situación fue reportada a la Secretaría de Salud de Barranquilla, a la que le pidieron una visita para determinar lo que estaba sucediendo.
Como consecuencia de esto, el Ministerio le dio un plazo de una semana a la sede de Barranquilla de Medicina Legal para que respondan a una serie de requerimientos y se establezca un plan de mejora.
Esto, por los riesgos a los que se exponen los trabajadores ante un “riesgo inminente de emergencia sanitaria”.
