Una fuerte polémica se desató tras conocerse el contenido del artículo 10 del nuevo proyecto de ley presentado por el ministro TIC, Julián Ruperto Molina, respaldado por al menos 10 congresistas. En él, se otorgan facultades de “policía administrativa” y de “toma de posesión” al Ministerio de las TIC sobre cualquier canal de televisión o empresa de tecnologías de la información, incluyendo las privadas.
El proyecto, que inicialmente busca convertir el acceso a internet en un derecho fundamental y declarar este servicio como esencial, esconde en sus páginas una disposición que permitiría al Gobierno intervenir directamente sobre medios de comunicación y plataformas tecnológicas.
Este polémico “articulito” ha sido calificado en redes sociales como un “orangután legal”, al introducir sin mayor debate una medida que muchos consideran riesgosa para la libertad de prensa, la autonomía de los medios y la neutralidad digital.
Analistas y opositores piden revisar con lupa esta iniciativa legislativa que, en lugar de ampliar derechos digitales, podría abrir la puerta a intervenciones arbitrarias desde el poder central.
