La representante a la Cámara Catherine Juvinao se sumó a las reacciones que ha generado la polémica alrededor de un documento relacionado con una eventual suspensión del presidente Gustavo Petro, y aseguró que detrás de la iniciativa existiría una estrategia con fines electorales.
A través de sus redes sociales, la congresista cuestionó la actuación atribuida a la representante Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
“La comisión de acusaciones, a través de la congresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, busca ‘suspender’ de manera ilegal al presidente Gustavo Petro de su cargo hasta el 21 de junio para que salga a hacer campaña. El último gesto de trampa, todo vale y amenaza institucional”, escribió Juvinao.
La comisión de acusaciones, a través de la congresista del Pacto Histórico @GloArizabaleta, busca ‘suspender’ de manera ILEGAL al presidente @petrogustavo de su cargo hasta el 21 de junio para que salga a hacer campaña. El último gesto de trampa, todo vale y amenaza… pic.twitter.com/VS6pjrW6VX
— Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) June 10, 2026
Las declaraciones se producen en medio de un intenso debate político y jurídico sobre el alcance de las actuaciones adelantadas dentro de la Comisión de Acusación y las competencias constitucionales para investigar al jefe de Estado.
La polémica se amplificó luego de que varios congresistas afirmaran que la comisión no ha tomado ninguna decisión formal sobre una eventual suspensión presidencial. Entre ellos, el representante Óscar Leonardo Villamizar aseguró que los miembros del organismo conocieron el documento a través de los medios de comunicación y no mediante una notificación oficial.
Por su parte, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, también manifestó que la Comisión de Acusación no ha aprobado ninguna medida contra el mandatario y sostuvo que el asunto no había sido discutido formalmente por sus integrantes.
Las afirmaciones de Juvinao se suman a las de otros dirigentes políticos que han cuestionado la legalidad y oportunidad de la controversia, especialmente por producirse a pocos días de la segunda vuelta presidencial.
Mientras continúan las reacciones desde distintos sectores políticos, el debate gira ahora en torno a la competencia de las instituciones para adoptar medidas contra el presidente de la República y al impacto que este episodio podría tener en el ambiente electoral del país.
