La investigación por el presunto entramado de contrabando y lavado de activos relacionado con la cadena Lili Pink llegó este martes a una nueva etapa judicial, luego de que la DIAN solicitara al juez de control de garantías avalar una medida de aseguramiento en prisión contra ocho personas vinculadas al proceso.
La entidad, reconocida como víctima dentro de la investigación, respaldó la petición de la Fiscalía al considerar que los elementos presentados durante la audiencia permiten inferir la existencia de una estructura organizada que habría utilizado empresas nacionales y extranjeras para introducir mercancía de manera irregular al país.
Según la hipótesis de los investigadores, el supuesto esquema habría tenido componentes en Colombia, Panamá y Nicaragua. Algunas de las sociedades involucradas presuntamente habrían sido utilizadas para aparentar operaciones comerciales legales y facilitar la importación y posterior distribución de mercancías.
La DIAN sostuvo que varias de estas compañías habrían funcionado como proveedoras o importadoras, mientras que otras habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones. Parte de la mercancía habría terminado en la sede central de Lili Pink en Barranquilla.
La investigación también apunta a la utilización de empresas de papel, cuyos representantes habrían sido personas vinculadas laboral o administrativamente a las compañías investigadas. De acuerdo con la Fiscalía, estas sociedades habrían permitido manejar operaciones financieras, abrir productos bancarios y movilizar recursos.
Fiscalía señala diferentes niveles dentro de la estructura
Durante la audiencia, la apoderada de la DIAN aseguró que la investigación no se fundamenta únicamente en relaciones laborales, familiares o societarias, sino en los presuntos roles que cada uno de los procesados habría desempeñado dentro del esquema.
Entre los señalados aparece Max Marvin Abadi Arari, cofundador de Lili Pink, a quien la Fiscalía atribuye un supuesto papel de liderazgo y control dentro de la organización, además de funciones relacionadas con la administración financiera y el manejo de cuentas.
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También fueron vinculados David Max Abadi Homsani, hijo de Max Abadi, y el empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández.
La lista de procesados se completa con los ciudadanos colombianos Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
La Fiscalía sostiene que los investigados habrían cumplido diferentes funciones dentro de la estructura, relacionadas con sociedades comerciales, administración de recursos, operaciones financieras y actividades de importación y comercialización.
¿Por qué piden enviarlos a prisión?
La DIAN considera que la medida de aseguramiento es necesaria para proteger los elementos materiales probatorios y evitar posibles interferencias en el proceso.
La solicitud deberá ser analizada por el juez, quien tendrá que determinar si existen suficientes elementos para establecer una inferencia razonable de participación y si se cumplen los requisitos legales para imponer una medida privativa de la libertad.
El caso hace parte de una investigación más amplia que llevó a la intervención de establecimientos comerciales relacionados con Lili Pink y que busca establecer cómo habría funcionado durante varios años el supuesto esquema de contrabando y lavado de activos.
Por ahora, las acusaciones corresponden a hipótesis de la Fiscalía y deberán ser debatidas dentro del proceso judicial. Será la justicia la que determine si los ocho procesados tuvieron responsabilidad penal en las operaciones investigadas.
