Se trata de Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la UNGRD. Ambos aceptaron cargos relacionados con concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos y enfrentan una pena acordada de siete años y cuatro meses de prisión.
El acuerdo está relacionado con seis escenarios de irregularidades detectados durante la celebración y ejecución de un contrato cercano a los 83.000 millones de pesos, destinado, entre otros fines, a la adquisición de 40 carrotanques para atender las necesidades de agua potable en La Guajira.
La negociación deberá ser revisada por una jueza especializada de Bogotá, quien el próximo 4 de noviembre de 2026 determinará si avala los términos del preacuerdo.
Uno de los principales cuestionamientos surgió durante la audiencia por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Su representante cuestionó los beneficios contemplados en el acuerdo, argumentando que no se habría producido la devolución de los recursos presuntamente apropiados.
El funcionario incluso calificó como un “absurdo jurídico” que se hiciera referencia a un posible peculado por apropiación y señaló que informes dentro del proceso apuntarían a un incremento patrimonial injustificado de aproximadamente 4.330 millones de pesos.
Según la investigación de la Fiscalía, Sonia Rocío Romero habría desempeñado un papel clave dentro del entramado. El ente acusador la señaló como presunto enlace entre la organización que habría operado al interior de la UNGRD y un grupo de contratistas interesados en quedarse con los millonarios negocios.
La Fiscalía sostiene que Romero habría entregado información técnica privilegiada antes de que se abrieran formalmente los procesos de selección. Con esa información, presuntamente se habría construido una apariencia de competencia y transparencia en la contratación.
El expediente también contempla otros componentes del negocio, entre ellos plantas desalinizadoras y pozos subterráneos que, de acuerdo con la investigación citada, no llegaron a ejecutarse.
En el caso de Édgar Echeverri Toro, la Fiscalía lo señaló de presuntamente utilizar documentación falsa para acreditar la existencia de los carrotanques. Además, habría elaborado actas parciales que daban cuenta de supuestas entregas de vehículos entre noviembre de 2023 y enero de 2024.
La excontratista de la UNGRD, Sonia Rocío Romero Hernández, pidió perdón por su participación en el desvío de millonarios recursos de la entidad. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/shTLEIqCVE
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 19, 2026
Sin embargo, según la investigación, varias de esas entregas no se habrían realizado pese a que fueron documentadas. Aun así, se habrían efectuado desembolsos parciales por 25.375 millones de pesos.
El caso de los carrotanques se convirtió en uno de los principales capítulos del escándalo de corrupción que golpeó a la UNGRD y que involucró a funcionarios, contratistas y empresarios.
Dentro de la investigación también aparece el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien permanece prófugo de la justicia, según la información del proceso.
Ahora, la decisión estará en manos de la jueza especializada de Bogotá. Si el preacuerdo es aprobado, Echeverri Toro y Romero Hernández podrían recibir la condena pactada por su participación en las irregularidades relacionadas con uno de los contratos más cuestionados de la UNGRD.
