Se pedirá una medida de aseguramiento, lo cual complicaría la situación del mandatario.
La Fiscalía anunció que imputará cargos al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en contratación y que pedirá que el mandatario sea cobijado con una medida de aseguramiento.
El presunto escándalo de corrupción en Magdalena por supuestas irregularidades en contratos y proyectos llevó a la Fiscalía a imputar, en las próximas horas, al gobernador Carlos Caicedo, contra quien pedirán medida privativa de la libertad en su domicilio.
En el caso del actual mandatario, la pista que tienen los investigadores de la Fiscalía, que pertenecen al grupo especial llamado ‘Robo de Magdalena’, es que Caicedo habría participado de tres eventos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se estima en los 1.680 millones de pesos.
En concreto, fuentes del ente acusador señalaron que se pedirá al Tribunal Superior de Bogotá que el gobernador sea enviado a casa por cárcel.
En la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, además de la Fiscalía, intervendrán la Procuraduría, la defensa del gobernador y, si se presentan a la diligencia, los representantes de víctimas.
Aunque será un magistrado del Tribunal quien defina la situación jurídica de Caicedo, una vez la Fiscalía haga la imputación y solicite la casa por cárcel, lo cierto es que una eventual medida de aseguramiento complicaría el panorama del gobernador.
El penalista Marlon Fernando Díaz sostuvo que “siempre que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad (intramural o domiciliaria) se cumple inmediatamente y el Presidente de la República debe nombrar como encargado del mismo partido o movimiento político” del mandatario.
Así las cosas, en caso de que el magistrado le imponga la medida de aseguramiento, Caicedo tendría que dejar su cargo, lo que lo dejaría en riesgo de no terminar su periodo. Esto porque, una vez impuesta, la continuidad de una medida de aseguramiento se evalúa cada año y el mandatario termina su periodo en el mes de diciembre.
El abogado Francisco Bernate indicó que la suspensión del cargo no es opcional y que si el mandatario es objeto de una medida de aseguramiento debe dejar el cargo y el Presidente de la República debe nombrar un encargado.
Ya otros departamentos como Arauca y Chocó están con gobernadores encargados tras medidas de aseguramiento contra sus mandatarios.
En Arauca está encargado Wilinton Rodríguez Benavídez, quien reemplaza al electo mandatario José Facundo Castillo; y en Chocó el presidente Gustavo Petro nombró a Farlin Perea Rentería, en reemplazo de Ariel Palacios Calderón, a quien la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.
En el caso de Caicedo, la investigación de la Fiscalía es por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.
Esto en relación con la presunta participación del gobernador en tres eventos en los que quedó al descubierto un posible peculado que se estima en 1.680 millones de pesos.
