- Los procesados presuntamente recibían el dinero que era cobrado por los ‘jefes de patio’ a otros reclusos para permitirles el ingreso de licor, estupefacientes, teléfonos celulares y armas. Quienes no pagaban eran sometidos a la restricción de las visitas y al maltrato físico.
- *La Fiscalía apeló la detención domiciliaria concedida a los servidores públicos.
La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión del juez 18 penal municipal de garantías de Cartagena (Bolívar) que dictó medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes la parecer, junto con reclusos, conformaban una estructura que delinquía al interior de la cárcel San Sebastián de Ternera, en esa ciudad.
En las audiencias preliminares un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les formuló cargos a los procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y extorsión, a los cuales no se allanaron.
De acuerdo con la investigación adelantada, los inspectores Jhon Jairo Palacios y Edwin Munar Garzón, y los dragoneantes Vanessa Polanco Basanta, Miller Alberto Prieto Luna, Carlos Álvarez Lozano y Jairo Romero Payares habrían aprovechado sus funciones para desarrollar el supuesto accionar delictivo, manteniendo controlados a los internos y a los otros guardas.
El material probatorio indica que los llamados jefes de patio, de los patios 2 y 6, que harían parte de la banda delictiva, eran quienes obligaban a otros internos a pagar cuotas semanales de $10.000 o $20.000, las cuales eran entregadas los domingos al personal del Inpec que ejercía la vigilancia, con el fin de que les permitieran el ingreso de licor, estupefacientes, teléfonos celulares y armas.
Según lo establecido, los reclusos que no pagaban eran reportados ante los servidores públicos, quienes presuntamente los sometían a malos tratos, les prohibían las visitas y les ocasionaban agresiones físicas. Tales acciones también eran replicadas por los internos, por lo que las víctimas eran intimidadas con frecuencia.
Igualmente se evidenció que algunos de los procesados cobrarían dinero a los internos para devolverles los elementos decomisados, tras las requisas que hacían en las celdas o calabozos, donde los guardias incautaban teléfonos celulares, cargadores, tarjetas sim card, armas y estupefacientes.
Aunque varios de los investigados fueron trasladados a Montería y Sincelejo, se conoció, mediante la interceptación de comunicaciones, las presuntas irregularidades cometidas en el centro penitenciario de Cartagena, pues se evidenciaron conversaciones con otros funcionarios del Inpec y con la población carcelaria.
Por estos hechos, unidades del Gaula y Sipol de la Policía Nacional hicieron efectivas las capturas de los funcionarios durante diligencias simultáneas de allanamiento y registro, en las tres ciudades en mención.
