Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la existencia de una red del ‘Clan del Golfo’ señalada de ofrecer dinero a algunos integrantes de la fuerza pública para conocer información sobre operativos en el Magdalena Medio y el Sur de Bolívar, y así facilitar el actuar ilícito de la organización criminal.
Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial presentó a cinco personas que harían parte de esta estructura, ante un juez de control de garantías, y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario..
Los detenidos fueron identificados como Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, y su hijo, Luis Fernando Zapata Jaramillo; el cabo primero del Ejército Nacional Juan David Caicedo Lucumí; el cantante de música popular Mauricio Capiz y Daniel Henao Hernández. Se les acusa de pertenecer a una red criminal que, mediante sobornos, habría entregado información estratégica sobre operativos militares en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar a miembros del Clan del Golfo, liderados por el temido cabecilla alias ‘Chirimoya’.
Una red bien estructurada
Según las investigaciones, alias ‘La Tía’ sería la encargada de coordinar y articular la entrega de información clasificada de los operativos del Ejército. Su hijo, Luis Fernando Zapata, habría jugado un papel crucial en la gestión de los pagos y el contacto con los militares involucrados.
Mauricio Capiz, cantante conocido en el género de música popular, habría utilizado su estatus como exmilitar para obtener detalles confidenciales sobre los movimientos y estrategias de las tropas en el territorio. Las autoridades indicaron que Capiz y los otros miembros de la red habrían entregado grandes sumas de dinero a un oficial del Ejército para que filtrara información sobre operativos de seguridad.
Uno de los casos más significativos ocurrió entre octubre de 2024 y enero de 2025. Según las pruebas presentadas en audiencia, Caicedo Lucumí habría contactado a un oficial del Ejército y le ofreció más de $50 millones a cambio de detalles sobre futuras misiones. Las transacciones, que fueron realizadas en distintos puntos de Medellín, incluyen el pago de $25 millones entregados por Zapata en un restaurante del barrio Laureles, y otros $25 millones pagados por Henao en un casino de la ciudad.
Impacto de la captura
La captura de estos implicados pone en evidencia la compleja infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones del Estado, lo que compromete seriamente la seguridad nacional.
El caso está siendo tratado como uno de los mayores escándalos de corrupción en el Ejército en los últimos años. Las autoridades han asegurado que seguirán investigando y desmantelando redes de apoyo a grupos armados ilegales dentro de las fuerzas públicas.
Mauricio Capiz, quien también fue retirado del Ejército como resultado de esta captura, enfrenta cargos graves por su presunta colaboración con el crimen organizado, mientras que el resto de los detenidos espera su juicio en prisión. La justicia sigue adelante con el proceso para esclarecer cómo se desarrollaron estos vínculos y la extensión de la red de corrupción que operaba en las filas militares.
