La revisión preliminar de 811 contratos ordenada por la administración del presidente Abelardo De La Espriella identificó patrones de duplicidad, concentración de adjudicaciones previas a la Ley de Garantías e inconsistencias en montos y plazos de ejecución.
En el marco del proceso de auditoría forense a las entidades del Estado ordenado por el Ejecutivo para verificar el estado de la contratación heredada de la administración anterior, la Cancillería entregó un primer informe de verificación. Tras examinar 811 convenios suscritos por un valor total aproximado de $92.846 millones, la entidad identificó severas atipicidades, elevando un paquete de 19 contratos por un valor de $100.164 millones ante la Contraloría General de la República para el respectivo control fiscal.
La auditoría se suma a las actuaciones adelantadas en otros frentes de la administración pública, como la revisión integral en el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad.
Detalles de las atipicidades contractuales, concentración e inconsistencias detectadas
Duplicidad de objetos y disparidad en valores: La entidad identificó que 551 contratos presentan actividades repetidas. De estos, 367 convenios poseen objetos contractuales idénticos pero con variaciones de monto que alcanzan hasta cuatro veces el valor entre sí.
Casos atípicos de ejecución y monto: Se detectó un contrato por valor de $2.839 millones redactado para ejecutarse en solo dos días, así como otro convenio suscrito por valor de $0 con vigencia pactada hasta el año 2028.
Concentración de contratación directa: El 99,6 % de los procesos revisados fueron adjudicados bajo la modalidad de contratación directa, omitiendo licitaciones o procesos competitivos de selección.
Maniobras previas a la Ley de Garantías: Se constató que el 53,4 % de la contratación anual se concentró en las semanas previas al inicio de las restricciones electorales. Tan solo el 30 de enero de 2026 se suscribieron 227 contratos por $21.137 millones (28,1 % del total anual), sumado a 101 contratos formalizados durante fines de semana.
Acciones de control y alcance legal: Los 19 expedientes remitidos al órgano de control fiscal suman $100.164 millones. La Cancillería enfatizó que la cifra corresponde al valor global de los contratos bajo observación y no a un detrimento patrimonial probado, garantizando el debido proceso a los implicados mientras se evalúan compulsas adicionales a la Procuraduría y la Fiscalía.
Las auditorías interinstitucionales continúan en desarrollo para establecer la responsabilidad administrativa, fiscal o penal en las asignaciones contractuales de la vigencia saliente.
