La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 continúa dejando graves consecuencias en Buenaventura. Tras el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado este jueves, las autoridades confirmaron que la ciudad enfrenta una crítica situación en materia de vivienda, salud y educación.
El barrio Lleras, en la comuna 3, aparece entre los sectores más golpeados. Allí, más de 800 viviendas resultaron destruidas o colapsaron, dejando a numerosas familias bajo carpas y en medio de una urgente necesidad de alimentos, servicios sanitarios y atención humanitaria.
Durante el PMU, liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y autoridades locales y departamentales, se definieron las primeras medidas para enfrentar la emergencia.
La prioridad inmediata será garantizar albergues, alimentación y baños portátiles para las familias damnificadas. Sin embargo, uno de los mayores problemas está en la capacidad de respuesta del sistema de salud.
El ministro Rodrigo Lara advirtió que la red hospitalaria de Buenaventura se encuentra desbordada y anunció gestiones para trasladar e instalar un hospital de campaña que permita ampliar la atención a los afectados.
La emergencia también ha dejado en evidencia la necesidad de medicamentos, insumos médicos y materiales para la reparación y autoconstrucción de viviendas, especialmente en el barrio Lleras, donde buena parte de las casas están levantadas sobre estructuras palafíticas.
El Gobierno también anunció que Buenaventura deberá recibir un 30 % más de ayudas e insumos, debido a que el distrito se convirtió en uno de los principales puntos de distribución de materiales hacia comunidades del litoral, el río San Juan y diferentes zonas del Chocó.
Para agilizar esta operación, la Armada Nacional tendrá un papel fundamental en el transporte y distribución de las ayudas hacia los territorios afectados.
La educación tampoco escapó a la tragedia. Al menos 2.800 niños quedaron sin clases presenciales luego de que seis instituciones educativas fueran destruidas por el movimiento telúrico.
Como alternativa temporal, el Gobierno gestionará con operadores de telefonía móvil la entrega de planes de datos y buscará facilitar tabletas para que los estudiantes puedan continuar sus actividades académicas de manera virtual mientras se recuperan las instalaciones.
La declaratoria de emergencia permitirá además movilizar recursos para la reconstrucción de colegios, infraestructura de la Fuerza Pública y estaciones de Policía, entre otras obras prioritarias.
Pero el desafío más grande llegará después de superar la fase de atención inmediata. El Gobierno ya comenzó a estructurar un plan de reconstrucción que contempla nuevas viviendas y entrega de materiales para las familias que decidan permanecer en el barrio Lleras.
La reconstrucción, sin embargo, tendrá que hacerse respetando las particularidades del territorio y las decisiones de las propias comunidades, especialmente porque se trata de una zona palafítica donde generaciones de familias han construido allí su vida y sus vínculos sociales.
Las autoridades nacionales señalaron que esta segunda fase será articulada entre los ministerios de Vivienda y Educación, las administraciones territoriales y el sector privado.
Mientras avanzan estas medidas, Buenaventura continúa enfrentando una emergencia que no terminó con el rescate de los primeros días: cientos de familias necesitan un techo, miles de niños esperan regresar a las aulas y una red hospitalaria al límite exige respuestas rápidas para evitar que la tragedia se convierta en una crisis aún mayor.
