En la mañana del martes 4 de noviembre de 2025, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, radicó una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una serie de posibles hostigamientos sistemáticos y agresiones por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del mandatario Gustavo Petro.
En la primera parte de la queja formal, el ciudadano se presenta y expone los argumentos que lo llevaron a solicitar la medida ante el organismo internacional.
“Bruce Mac Master, ciudadano colombiano, residente en Colombia y actualmente presidente de la ANDI, comparezco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión o CIDH) con el propósito de remitir información actualizada a todas las señoras comisionadas, a los señores comisionados, a los relatores temáticos y al señor relator para Colombia sobre una situación de riesgo y vulneración de derechos que afecta al presidente de la Andi y a los miembros de esta organización gremial”, señala Mac Master.
¿Cuál es la petición realizada por Mac Master?
En primer lugar, el empresario destaca que el objetivo primordial es poner en conocimiento la situación que se ha presentado y pedir a la Comisión Interamericana conocer de primera mano los hechos que, según él, han afectado sus derechos como ciudadano y representante de un sector fundamental para la Nación.
“Mi petición a la CIDH es que tome nota de esta información, conmine al Estado a que se pronuncie sobre estos hechos y cese inmediatamente las amenazas y la violación de nuestros derechos. Asimismo, solicito a la señora secretaria ejecutiva, a las señoras comisionadas, a los señores comisionados y a las relatorías para Colombia, libertad de expresión y DESCA, que incluyan de manera prioritaria esta información frente a los ataques directos, sistemáticos, desproporcionados e infundados contra el solicitante, la Andi y sus afiliados”, destacó Mac Master.
De manera adicional, el empresario solicita que se activen los mecanismos de protección con los que cuenta la Comisión para este tipo de casos.
Asimismo, pide en el escrito que se incluya esta situación en los mecanismos de seguimiento y diálogo con el Estado colombiano, con el fin de poder solventar los hechos expuestos.
“Se trata de una serie de acciones sistemáticas en las que las más altas autoridades del Estado colombiano han sostenido un patrón de señalamientos y actividades intimidatorias contra las organizaciones empresariales y sus dirigentes durante un período prolongado y reciente”, concluye el documento.
