- A través de un Directiva, el ente de control pidió reforzar acciones de prevención, vigilancia y control de uso de artículos pirotécnicos, pólvora y globos, en las festividades decembrinas y de año nuevo.
- Alcaldes y gobernadores deberán protocolos inmediatos para la prohibición del uso de pólvora.
- Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en las fiestas realizadas entre diciembre de 2022 y lo corrido de 2023, se presentaron 1.153 personas afectadas por pólvora, de los cuales, 357 fueron menores de edad.
A través de la Directiva 016 de 2023, la Procuraduría General de la Nación le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, liderar y coordinar con las autoridades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, las acciones y medidas necesarias para prevenir riesgos y accidentes en niños, las niñas y los adolescentes, por el uso y manipulación de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos durante las festividades de fin de año.
El ente de control también le pidió a la Policía Nacional, reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control del uso, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de pólvora, así como los registros y permisos de funcionamiento de establecimientos de comercio y personas naturales o jurídicas dedicadas a su producción, venta y comercialización.
Por su parte, los mandatarios locales y regionales, deberán realizar acciones concretas e inmediatas para la prohibición del uso de la pólvora y para evitar el riesgo que corren los menores de edad cuando, de manera irresponsable, se les permite el uso y la manipulación de artículos pirotécnicos; así como, promover campañas de sensibilización y prevención en relación con las consecuencias que acarrea la manipulación de estos elementos.
Finalmente, el Ministerio Público confirmó que continuará realizando vigilancia preventiva y control de gestión a través de sus procuradurías territoriales y delegadas, con el fin de exhortar, alertar y sancionar, cuando sea necesario, aquellas situaciones que configuren faltas a la prestación de servicios esenciales y la oportuna garantía a los derechos de las personas.
