Un nuevo escándalo vuelve a poner bajo la lupa la gestión de recursos públicos en el sector salud. La ministra Ana María Vesga presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación después de conocer un audio en el que su nombre aparece relacionado con una presunta negociación de coimas.
Según la denuncia revelada por SEMANA, en la conversación se habla de un supuesto reparto del 8 % de los recursos: un 5 % que, de acuerdo con lo dicho en la grabación, sería para la ministra y otro 3 % destinado al “resto del equipo”.
Vesga rechazó de manera categórica cualquier participación en una negociación de ese tipo y aseguró que su nombre habría sido utilizado de manera indebida.
De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, la ministra pudo identificar referencias directas a ella dentro de una conversación en la que dos mujeres, cuya identidad aún no ha sido establecida, hablarían con un alcalde tampoco identificado sobre la ejecución de una actividad que implicaría el movimiento o transferencia de recursos.
La grabación habría llegado al conocimiento del Ministerio de Salud a través de Jaime Rodríguez Vélez, director de Infraestructura designado durante la administración de Vesga. Según la denuncia, otra persona vinculada a la cartera fue quien inicialmente remitió el audio.
En uno de los apartes de la conversación se escucha a una de las personas solicitar una reunión con “el de infraestructura” y plantear una eventual “negociación directa”, lo que llevó a la ministra a poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.
El documento también identifica a quienes ocuparon recientemente la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud, con el propósito de que la Fiscalía determine si alguno de ellos tuvo relación con los hechos que aparecen mencionados en la grabación.
Entre los nombres señalados están Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas.
Hernández Pinto ocupó la Dirección de Infraestructura durante aproximadamente un año y medio en los periodos anteriores a la actual administración. Durante el gobierno del entonces ministro Guillermo Alfonso Jaramillo también se desempeñó como subdirector de Infraestructura en Salud y participó en la revisión técnica de asuntos relacionados con proyectos hospitalarios.
Por su parte, César Augusto Quintero Casallas estuvo como director encargado de Infraestructura durante agosto y anteriormente se desempeñó como director encargado de Prestación de Servicios y Atención Primaria, dependencia a la que está adscrita el área de Infraestructura.
La inclusión de estos nombres en la denuncia no significa que exista una acusación penal contra ellos ni que hayan sido vinculados formalmente como responsables de las presuntas irregularidades. Su aparición responde a la necesidad de establecer quién ocupaba las posiciones mencionadas en la conversación y quién podría ser la persona identificada en el audio como “el de infraestructura”.
Uno de los principales objetivos de la investigación será establecer quiénes son las mujeres que participan en la conversación, quién es el alcalde mencionado y cuál era exactamente el proyecto o trámite al que se hace referencia.
También será necesario determinar quién realizó la grabación, cuándo ocurrió la conversación y si efectivamente existió alguna gestión irregular relacionada con recursos públicos.
La ministra Vesga, entretanto, dejó claro en su denuncia que jamás sostuvo conversaciones en las que se negociaran porcentajes o pagos ilegales.
El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá verificar la autenticidad del audio, identificar a sus participantes y establecer si detrás de la conversación existió una operación real de corrupción o si se trató de una utilización indebida del nombre de la ministra y de funcionarios del Ministerio de Salud.
La investigación podría abrir un nuevo frente sobre el manejo de recursos destinados a infraestructura hospitalaria y determinar si durante administraciones anteriores existieron funcionarios o particulares que intentaron utilizar sus posiciones para intervenir en la asignación o desembolso de recursos públicos.
