En una sesión ordinaria llevada a cabo este martes, la Asamblea Departamental del Atlántico aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza que autoriza al Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a suscribir un contrato de fiducia y a celebrar los contratos o convenios necesarios para la ejecución total del proyecto denominado “Optimización de la conducción de agua potable desde el tanque La Sierra hasta la cabecera municipal de Galapa”. Este proyecto, de gran relevancia para los habitantes de Galapa, buscará mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en el municipio.
El diputado Camilo Torres, quien fue ponente del proyecto, calificó la iniciativa como “buena, beneficiosa y barata”. Según Torres, la ordenanza garantizará derechos fundamentales como el acceso al agua potable de manera continua y en calidad. “Es buena porque se garantizan derechos fundamentales como lo es acceso al agua potable 24/7. Beneficiosa porque, con la asignación de más de $7.700 millones, se creará una fiducia, garantizando que los recursos sean destinados exclusivamente a este proyecto. Y barata porque, gracias a la gestión de la Gobernación y la Alcaldía de Galapa, la obra será financiada en su totalidad por la Nación, sin que la Gobernación ni el municipio deban aportar recursos”, destacó el diputado.
La aprobación del proyecto es un paso importante para la materialización de una obra que se espera tenga un impacto significativo en la vida cotidiana de los galapenses, quienes desde hace años han enfrentado serias dificultades para acceder al vital líquido de manera continua. La fiducia, que se creará como parte del proyecto, se encargará de garantizar la correcta utilización de los recursos para asegurar que el proyecto se ejecute en su totalidad.
En otro de los temas tratados en la sesión, la diputada Lourdes López expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector salud en el Departamento del Atlántico. En su intervención, López denunció el grave estado de la ESE Universitaria del Atlántico (E.S.E. UNA), que tras su liquidación y reconstrucción, ha reducido significativamente los servicios prestados a la comunidad. “Antes, esta institución prestaba más de 30 servicios en sus dos sedes anteriores. Hoy, con 5 sedes tras su liquidación, no encontramos ni 10 servicios activos y continuos para nuestra población atlanticense”, afirmó la diputada, pidiendo una respuesta clara del gerente de la E.S.E. UNA, Pablo Alberto de la Cruz Gómez, sobre la crisis en el sector y el futuro de la institución.
Además, el presidente de la Asamblea Departamental, Federico Ucrós, se sumó a las preocupaciones de López, destacando la situación de abandono de algunas instalaciones hospitalarias, como las del hospital Juan Domínguez Romero, en Soledad, que también se encuentra en condiciones deplorables. Ucrós, con el objetivo de buscar soluciones, propuso que estas instalaciones sean utilizadas como un centro de atención para adultos mayores. “Es fundamental encontrar una solución integral para estas instalaciones, y creo que uno de los usos más pertinentes sería destinarlas como un centro de recepción para la asistencia de nuestros adultos mayores en donde se les brinde atención médica, psicológica, recreacional, nutricional, es decir, integral; con el fin de garantizarles condiciones dignas en esta etapa de sus vidas”, manifestó el presidente de la Asamblea.
Igualmente, la diputada Isabela Pulgar presentó una solicitud para la reprogramación del debate sobre los contratos y convenios suscritos con Edubar y Puerta de Oro, que habían sido convocados previamente sin éxito debido a la falta de quórum. La diputada resaltó la necesidad de contar con la presencia del Secretario General del Departamento del Atlántico, Pedro Lemus, el Gobernador Eduardo Verano, y los gerentes de Edubar, Angelly Críales, y de Puerta de Oro, Alex de Bedout. Según Pulgar, es fundamental esclarecer el estado de los contratos gestionados por estas entidades, que incluyen importantes proyectos de infraestructura social, como la construcción y adecuación de plazas, parques, escenarios deportivos, entre otros. La diputada subrayó la importancia de este debate para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurar que estos proyectos realmente beneficien a los ciudadanos.
Otra de las propuestas presentadas durante la sesión fue la del diputado Alfredo Varela, quien solicitó la citación de un debate de control político sobre la ejecución del proyecto para la construcción del Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey en el municipio de Juan de Acosta. Según Varela, el proyecto ha presentado serios retrasos y deficiencias en su ejecución. En su intervención, el diputado detalló que la obra, que cuenta con una inversión superior a los $37.742 millones, se encuentra con un avance irregular del 74,73%, a pesar de las múltiples prórrogas otorgadas. Además, mencionó que la firma interventora ha solicitado en repetidas ocasiones la imposición de sanciones al contratista debido a los retrasos y el bajo desempeño en la ejecución de la obra. “Es necesario que Indeportes rinda cuentas sobre la situación de este proyecto y explique por qué no se ha cumplido con los plazos establecidos”, subrayó Varela.
Por último, el diputado Harry Canedo Acosta solicitó que la Asamblea Departamental sesione en el municipio de Sabanagrande, en la zona oriental del Departamento del Atlántico. Según Canedo, la descentralización de las sesiones es fundamental para conocer de primera mano las necesidades y problemáticas de los habitantes de esta región, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Es necesario que podamos escuchar directamente a la gente de Sabanagrande y otras localidades cercanas, para trabajar de manera más efectiva en la resolución de sus problemas”, afirmó el diputado.
