La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) encendió las alarmas este lunes tras advertir que un proyecto de ley radicado por congresistas del Pacto Histórico podría poner en riesgo la inversión extranjera y el funcionamiento de las empresas privadas en Colombia.
Según Valencia, la iniciativa plantea que el Estado pueda cancelar contratos de concesión minera, licencias ambientales y acuerdos de exploración o explotación de recursos naturales con base en “indicios fundados”, sin necesidad de decisiones en firme. A su juicio, esto abriría la puerta para que cualquier persona interesada solicite la suspensión de grandes proyectos.
La senadora también aseguró que el proyecto permitiría sancionar a empresas y multinacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos, concepto que calificó como “vago e indeterminado”. Para Valencia, esta facultad podría prestarse para arbitrariedades del Gobierno.
“El objetivo es acabar con la empresa privada para que el Estado controle todo. Es el comunismo por la puerta de atrás”, afirmó.
Señalamientos sobre responsabilidad empresarial
Valencia explicó que la propuesta permite levantar el velo corporativo cuando se considere que una empresa fue usada para evadir responsabilidades por daños ambientales, sociales o de derechos humanos, incluso sin que la Superintendencia de Sociedades demuestre intención de fraude.
“Imagínense a Petro o a Iván Cepeda con este megapoder”, cuestionó.
Además, criticó que el proyecto haría responsables a las casas matrices de multinacionales por acciones de sus filiales en el país. “Si Adidas tala un árbol que no debía, el Gobierno podría sancionar a la matriz en Alemania. Ninguna empresa va a aceptar eso”, aseguró.
Riesgos señalados por la oposición
Para la senadora del Centro Democrático, la iniciativa podría provocar la salida de inversionistas del país y dificultar la actividad empresarial. “Este proyecto acabaría con el sector privado y expulsaría la inversión extranjera. Nos condenaría a décadas de atraso”, advirtió.
El Pacto Histórico no se ha pronunciado oficialmente sobre estas críticas, ni ha entregado aún detalles públicos sobre el alcance completo de la propuesta legislativa.
