El caso tomó especial relevancia después de que una bala disparada fuera encontrada en la oficina del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, ubicada en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.
Bonilla había intervenido ante la Corte Suprema dentro del proceso contra Gómez Cerchar y había solicitado que se casara la decisión que lo había absuelto y se emitiera una condena en su contra.
Según el oficio conocido este miércoles 2 de septiembre, el procurador informó que la semana anterior encontró el proyectil dentro de su despacho, situación que le generó una “gran preocupación”. Pero el episodio no habría terminado allí.
Al regresar esta semana a su oficina, el funcionario encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil, hechos que incrementaron las alarmas de seguridad.
La situación fue puesta en conocimiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, quien solicitó reforzar de manera urgente las medidas de protección para los integrantes de la corporación y sus familias.
En el oficio se advierte sobre la posibilidad de que exista un riesgo relacionado con la condena impuesta a Gómez Cerchar. La Corte, sin embargo, no ha establecido judicialmente que el exgobernador sea responsable de los hechos registrados en la Procuraduría.
El antecedente que encendió las alarmas es la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal el pasado 29 de abril de 2026, cuando revocó una absolución y condenó a ‘Kiko’ Gómez a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, relacionado con el asesinato del concejal de Barrancas, La Guajira, Luis Gregorio López Peralta.
A esta situación se sumó una información que comenzó a circular en plataformas digitales sobre un supuesto plan para atentar contra varias personas. Una procuradora judicial que intervino en el proceso también había manifestado previamente su preocupación por su seguridad.
La gravedad de los hechos llevó a solicitar la intervención de la Dirección de Protección de la Policía Nacional para evaluar e incrementar los esquemas de seguridad de los magistrados de la Sala Penal y de sus familias.
La Corte Suprema busca establecer si los incidentes registrados en la Procuraduría tienen alguna relación con las amenazas advertidas por los funcionarios que participaron en el proceso contra Gómez Cerchar.
Por ahora, las autoridades deberán determinar el origen del proyectil, establecer cómo se produjeron los impactos contra las ventanas y determinar si existe una conexión entre estos hechos y el proceso judicial contra el exgobernador.
La investigación permanece en curso mientras la Corte Suprema mantiene la alerta sobre la seguridad de sus magistrados y de los funcionarios que intervinieron en el proceso.
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