El documento, entregado por la actual administración a las autoridades, señala que el presupuesto destinado al programa habría sido utilizado en su totalidad en julio de 2026, dejando sin respaldo presupuestal los cinco ciclos de transferencias correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Colombia Mayor está dirigido principalmente a adultos mayores en condición de pobreza que no cuentan con una pensión y para muchos de ellos representa una de las principales fuentes de ingresos para cubrir necesidades básicas.
De acuerdo con el informe presentado por Sandra Suárez, nueva directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), los cinco ciclos pendientes tendrían un costo aproximado de $630.000 millones mensuales, lo que representa una necesidad adicional cercana a $3,15 billones para garantizar las transferencias hasta finalizar 2026.
El problema que encontró el nuevo Gobierno
Según el documento, la administración anterior habría ampliado la cobertura del programa bajo la expectativa de recibir una cofinanciación cercana a $3,2 billones contemplada en un documento Conpes que finalmente no se habría concretado.
El informe cuestiona que, pese a la ampliación de los beneficiarios, no se hubiera establecido un plan de contingencia para garantizar los recursos necesarios en caso de que esa financiación adicional no llegara.
La nueva directora del DPS calificó la situación como un problema que trasciende una simple dificultad administrativa.
“Ampliar la cobertura del programa sin recursos asegurados no es solo un error de planeación: es una decisión que comprometió el único ingreso mensual de millones de adultos mayores”, señaló Suárez, según el contenido del informe.
El DPS busca evitar la suspensión de los giros
Ante el escenario presupuestal, el Gobierno de Abelardo De La Espriella aseguró que una de sus prioridades será garantizar la continuidad de las transferencias de Colombia Mayor.
Desde el DPS se adelantan gestiones para conseguir los recursos que permitan cubrir los cinco ciclos restantes del año y evitar que los beneficiarios enfrenten una interrupción en los pagos.
Suárez también anunció una auditoría sobre la gestión realizada durante la administración anterior y aseguró que, en caso de encontrarse irregularidades, se presentarán las respectivas denuncias ante los organismos de control.
El Gobierno deberá definir ahora de dónde saldrán los recursos adicionales necesarios para garantizar el programa durante los últimos meses del año, mientras cerca de tres millones de adultos mayores permanecen a la espera de que se mantenga el apoyo económico.
El caso se convierte en uno de los capítulos más sensibles de ‘El libro de la verdad’, debido a que cualquier retraso o suspensión de los pagos tendría un impacto directo sobre una población considerada especialmente vulnerable.
Por ahora, el nuevo Ejecutivo sostiene que los giros de Colombia Mayor no deben detenerse, pero reconoce que deberá encontrar una solución presupuestal para cubrir los compromisos pendientes de agosto a diciembre.
