El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó su profunda preocupación por el traslado a centros penitenciarios de la ciudad de reconocidos cabecillas de estructuras criminales, una decisión del Gobierno nacional que, según advirtió, podría afectar de manera directa la seguridad y la tranquilidad de la capital del Atlántico.
El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de confirmarse el traslado de varios delincuentes de alta peligrosidad, entre ellos Digno Palomino, alias ‘Castor’, alias ‘El Negro Ober’, así como de al menos otros 40 integrantes de organizaciones criminales, a cárceles que —de acuerdo con el alcalde— no cuentan con las condiciones necesarias para albergar a este tipo de internos.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, Char señaló que la medida se adopta en un momento especialmente sensible para la ciudad y sin un proceso previo de coordinación con las autoridades locales.
El mandatario sostuvo que, mientras Barranquilla ha insistido en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza y la capacidad operativa de la Fuerza Pública, la respuesta del Gobierno central ha sido trasladar a la ciudad a cabecillas responsables de delitos como la extorsión, el homicidio y la intimidación sistemática a comerciantes y comunidades.
En su declaración, el alcalde hizo énfasis en el impacto que estas decisiones tienen sobre las víctimas de la violencia. Señaló que el traslado de estos criminales desconoce el sufrimiento de familias que han perdido seres queridos y de sectores económicos que han visto afectada su actividad productiva como consecuencia del accionar de estas estructuras ilegales.
Char recordó que el Distrito ha destinado más de 150.000 millones de pesos a inversiones en materia de seguridad, incluyendo tecnología, vigilancia, fortalecimiento institucional y apoyo a la Policía Nacional, esfuerzos que —según indicó— han permitido avances significativos en la reducción de la criminalidad y los delitos asociados a la extorsión.
El alcalde también advirtió sobre los riesgos adicionales que este escenario representa de cara a la proximidad del Carnaval de Barranquilla, evento que congrega a miles de visitantes y que requiere condiciones especiales de seguridad para su desarrollo.
En ese contexto, afirmó que cualquier afectación al orden público derivada de estos traslados deberá ser asumida por el Gobierno nacional, al considerar que la política de “Paz Urbana” no cuenta con un marco jurídico claro ni con una estrategia articulada con los entes territoriales.
Finalmente, el mandatario distrital hizo un llamado a los entes de control, a los gremios económicos, a los representantes de las víctimas, a la academia, al gobernador del Atlántico y al Ministerio Público, con el fin de convocar una reunión urgente que permita evaluar los riesgos, revisar las decisiones adoptadas y definir acciones conjuntas para garantizar la seguridad ciudadana.
La Alcaldía de Barranquilla reiteró su disposición al diálogo institucional, pero insistió en que las decisiones en materia de orden público deben ser concertadas y responsables, priorizando la protección de la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.
