La defensa de Nicolás Petro sostuvo que con salarios de la Asamblea del Atlántico, Nicolás viajaba, hacía compras y adquirió bienes y servicios.
El abogado Alejandro Carranza, apoderado del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, pidió hoy que se incorpore al juicio de su cliente una certificación de la Casa de Nariño en la cual niega “favorecimientos” al hijo del Presidente.
Carranza presentó una respuesta a un derecho de petición que respondió el exsecretario general de Presidencia, Mauricio Lizcano.
“Nicolás Petro no gestiona puestos, contratos y hojas de vida, ante esa dependencia. No le asignaron vehículo, no recibía beneficios institucionales ni adelantaba reuniones privadas con funcionarios del ejecutivo”, señaló.
Niega que se hayan dado, como lo dijo la Fiscalía, “dos reuniones en las que participó el acusado, de carácter social con Agmeth Escaf y con el entonces Alcalde de Barranquilla”.
“No tenía efectos administrativos ni compromisos de contratación”, señaló.
Rechazó el abogado que se hable de actividades “sospechosas o de enriquecimiento ilícito con otras personas llamadas como testigos en el juicio como el Representante a la Cámara, Agmeth Escaf”.
Carranza cuestionó que se hable de cuestiones “encubiertas para beneficios de terceros”.
Señaló que la Fiscalía ha presentado elementos subjetivos de dolo por lo que demostrará “como era el comportamiento de Nicolas Petro como servidor público”.
Movimientos migratorios
El abogado Alejandro Carranza, apoderado de Nicolás Petro, también pidió hoy al juez segundo especializado de Barranquilla Hugo Carbonó, incorporar los movimientos migratorios del hijo del Presidente en los últimos cinco años.
Sostuvo que su defendido “ha registrado todos sus movimientos internacionales, sin ocultamiento de sus salidas del país”.
“Le solicito se permita llevar a juicio este tipo de elementos por la relevancia del control migratorio como medio de acreditar legalidad de tránsito internacional”, añadió.
