Esta mañana se conoció la intención del recientemente capturado contratista Emilio Tapia, condenado por el escándalo del “Carrusel de las contrataciones en Bogota” y ahora detenido por el contrato entre MinTic y la UT Centros Poblados, de ofrecer a la Fiscalía su colaboración, al tiempo que mostró su voluntad de revelar nombres de congresistas implicados en este sonado caso donde están embolatados $70 mil millones de pesos.
Este caso podría convertirse en otro “Carrusel de Contratación” , como el ocurrido en Bogotá durante el gobierno de Samuel Moreno , dado el entramado de corrupción que allí se fraguó.
Acorde a lo manifestado por Emilio Tapia, varios de los congresistas implicados llamaron en su momento al Gobierno Nacional, al Ministerio TIC, para mediar y evitar la caducación del contrato con Centros Poblados, pues eso les significaba inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.
Por su parte, la Fiscalía analiza el ofrecimiento de Tapia, quien pidió garantías para contar la verdad sobre los implicados en este caso, que sin duda tiene a más de un funcionario temblando.
Cabe señalar que una vez MinTIC declaró la caducidad del Contrato suscrito con el Consorcio Centros Poblados para llevar internet a colegios de zonas apartadas del país, se configuraba por sí solo la inhabilidad sobreviniente con filiales como Omega Buldings Constructura S.A.S. e Intec de la Costa S.A.S, las mismas que conforman los Consorcios con los que el IDU suscribió los Contratos 1626 y 1627.
“Por lo anterior, la Entidad procedió a solicitar la cesión inmediata de la participación de estas empresas. Los dos consorcios presentaron varias firmas, que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por el proceso licitatorio que dio lugar a los contratos. Por esta razón, el IDU finalizó el contrato 1627 el pasado 15 de septiembre y se encuentra en proceso de suscripción del acta de finalización con el Consorcio del contrato 1626, el cual se encuentra actualmente suspendido,”, dijo Diego Sánchez, director del IDU.
