Emilio Tapia se convirtió en la primera ficha que tiene la Fiscalía para determinar qué ocurrió con el millonario anticipo de 70 mil millones de pesos entregado por el Ministerio de las TIC a la unión temporal Centros Poblados y que luego propició la renuncia de Karen Abudinen.
Tapia ya había sido condenado en agosto de 2015 a 17 años de prisión por el denominado Carrusel de la Contratación en Bogotá, cuya cabeza fue el exalcalde Samuel Moreno Rojas.
En su momento, se le consideró como el ventilador de dicho carrusel al lograr un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar cargos por mover contratos de infraestructura vial
Actualmente, Tapia gozaba del beneficio de casa por cárcel y desde ahí, según los investigadores, manejó los hilos para quedarse con el millonario contrato del MinTic.
El papel que jugó Tapia sería como dueño de la empresa ICM ingenieros, una de las cuatro que conforman la Unión Temporal, aunque éste no aparece en los documentos.
Simultáneamente en Medellín, el CTI de la Fiscalía capturó a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, quien será investigado por incumplimientos con el contrato y por las garantías bancarias que se presentaron para la adjudicación del contrato.
“Somos responsables de la ejecución del contrato hasta el momento con los avances que hemos reportado a la interventoría y que hemos entregado en los informes de seguimiento semanal que hemos hecho del contrato desde el primer día”, había dicho Duque a Noticias Caracol en agosto de este año.
El tercer capturado por este mismo tema es Juan José Laverde, vicepresidente de la empresa Rave Seguros, señalada de tramitar las garantías bancarias que el banco Itau denunció como fraudulentas.
