Una nueva polémica sacude a la Fiscalía General de la Nación por un presunto plan para otorgar beneficios judiciales a integrantes de la llamada primera línea, procesados por delitos graves cometidos durante las protestas sociales en Colombia.
La denuncia señala que existiría una estrategia para revisar 81 expedientes judiciales que involucran a más de 159 personas en diferentes regiones del país. Los procesos incluyen investigaciones por terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, tortura, secuestro, desaparición forzada, concierto para delinquir, rebelión y violencia contra servidores públicos.
De acuerdo con documentos, actas de reuniones y conversaciones atribuidas a funcionarios de la Fiscalía, el plan habría sido coordinado desde la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa y un Grupo de Tareas Especiales, creado para revisar estos procesos y explorar alternativas como preacuerdos, principios de oportunidad y modificaciones a las medidas de aseguramiento.
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es el supuesto propósito político detrás de estas negociaciones. Una fuente de la Fiscalía, cuya identidad se mantiene bajo reserva, aseguró que la iniciativa buscaría “pagar favores políticos” mediante beneficios que podrían permitir la libertad de algunos procesados o reducciones considerables de sus condenas.
El caso de los 11 procesados en Bogotá
La controversia tiene como antecedente los acuerdos ofrecidos a 11 integrantes de la primera línea en Bogotá, investigados por presuntos actos de terrorismo, destrucción de infraestructura de transporte, amenazas y la quema de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público.
Según las actas conocidas, ese expediente habría servido como proyecto piloto para poner en marcha la estrategia nacional. El proceso fue trasladado al Grupo de Tareas Especiales, que terminó participando en la negociación de acuerdos con rebajas de penas.
La reunión en la que se habría definido la elaboración del inventario nacional se realizó el 23 de junio de 2026. En ella se estableció la creación de un comité técnico jurídico encargado de revisar los expedientes y determinar cuáles podrían ingresar al programa.
Cali concentra la mayoría de los expedientes
El inventario identificado incluye 81 procesos con más de 159 personas investigadas o procesadas. Cali concentra la mayor cantidad de casos, seguida de Bogotá y Medellín.
La documentación también señala que la estrategia debía avanzar con rapidez antes de la primera vuelta presidencial de 2026, debido al riesgo de alteraciones del orden público durante el periodo electoral.
La denuncia involucra a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, pues las conversaciones y testimonios citados atribuyen los supuestos compromisos políticos a su administración. También aparece mencionada Zenaida de Jesús López, coordinadora de la reunión y jefa de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Otro punto de la investigación periodística señala que algunos funcionarios que expresaron reparos frente a los beneficios propuestos habrían terminado por fuera de la Fiscalía.
Hasta ahora, los señalamientos corresponden a una denuncia basada en documentos, chats y testimonios atribuidos a funcionarios. La eventual responsabilidad de los directivos mencionados y la legalidad de las actuaciones deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.








