Las recientes declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella y del expresidente Gustavo Petro reavivaron la discusión sobre las posibles consecuencias judiciales que podría enfrentar el exmandatario por los escándalos que rodearon su Gobierno. Durante un debate político, congresistas expusieron dos posiciones sobre el tema y coincidieron en que Petro tendría que responder ante la justicia si se comprueban las acusaciones en su contra.
El presidente De La Espriella pidió públicamente al Gobierno de Estados Unidos investigar lo que calificó como una supuesta “empresa criminal” durante la administración Petro. El mandatario lanzó fuertes calificativos contra su antecesor y sostuvo que las autoridades estadounidenses deberían examinar posibles hechos de corrupción y otras conductas delictivas.
Petro respondió desde Cali con un llamado a mantener la movilización en las calles y cuestionó la legitimidad del Gobierno actual. Durante su intervención afirmó que no había que esperar hasta 2027 o 2030 para actuar y llamó a una movilización inmediata, declaraciones que De La Espriella interpretó como una amenaza contra la institucionalidad.
Las posiciones sobre una eventual prisión en Estados Unidos
En el debate participaron el senador liberal Héctor Olimpo Espinosa y la congresista del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta. Ambos consideraron que el expresidente debe responder por las denuncias que existen en su contra, aunque defendieron que las investigaciones y eventuales sanciones se tramiten en Colombia.
Espinosa manifestó que no desea que ningún colombiano termine en una cárcel estadounidense y sostuvo que, si se demuestra la responsabilidad penal de Petro, debería cumplir una eventual condena en el país.
El senador también cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la que señaló de no avanzar con suficiente diligencia en las denuncias contra altos funcionarios.
Como ejemplo, mencionó una denuncia que presentó contra Petro por presunto constreñimiento a varios ministros para que firmaran el decreto de convocatoria a una constituyente. Según Espinosa, después de más de un año no había sido llamado a ratificarla.
El congresista también lanzó acusaciones sobre una supuesta relación irregular entre el Gobierno anterior y las disidencias de las Farc, así como sobre posibles actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia relacionadas con el sistema electoral. Esos señalamientos fueron presentados como parte de sus cuestionamientos políticos y deberán ser examinados por las autoridades si existen investigaciones formales.
Por su parte, Claudia Margarita Zuleta afirmó que considera que Petro habría cometido delitos y expresó que espera que responda penalmente en Colombia.
La congresista mencionó presuntas irregularidades electorales, la relación del anterior Gobierno con las disidencias de las Farc y el manejo de recursos públicos, incluidos los cuestionamientos por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Zuleta también habló de supuestas presiones armadas en municipios donde se registraron votaciones favorables a Iván Cepeda y cuestionó las decisiones del Gobierno frente a estructuras ilegales en el Catatumbo.
¿Puede terminar en una cárcel estadounidense?
Las intervenciones dejaron planteada la posibilidad de que autoridades de Estados Unidos examinen denuncias relacionadas con el expresidente. Sin embargo, las declaraciones políticas y los pedidos públicos de investigación no significan que exista una acusación formal en ese país ni que haya una orden de captura o un proceso penal que pueda llevarlo a prisión.
Para que Petro enfrente consecuencias judiciales en Estados Unidos tendría que existir una investigación dentro de la jurisdicción de ese país, con elementos que sustenten posibles delitos de competencia estadounidense y el correspondiente trámite ante sus autoridades.
Por ahora, el debate se concentra en la responsabilidad que el expresidente podría tener frente a los señalamientos sobre su administración y en la capacidad de las instituciones colombianas para investigarlos. Tanto Espinosa como Zuleta defendieron que, si se prueban delitos, Petro responda ante la justicia nacional.









