La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, volvió a quedar en el centro de la discusión por sus declaraciones sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En una reciente entrevista aseguró que nunca tuvo información para involucrar a otras personas y que no estaba dispuesta a señalar a terceros para obtener beneficios judiciales.
Sin embargo, esa postura contrasta con las gestiones que adelantó su defensa en 2025, cuando presentó cinco matrices de colaboración ante la Fiscalía y buscó un principio de oportunidad que le permitiera obtener inmunidad total.
Ortiz está acusada por su presunta participación en el traslado de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, en octubre de 2023. Según la hipótesis de la Fiscalía, el dinero habría sido entregado para conseguir respaldo a proyectos de interés del Gobierno en el Congreso.
En ese momento, su entonces abogado, Oswaldo Medina, aseguró públicamente que Ortiz tenía información para entregar y que la negociación había comenzado con la expectativa de una pena de 48 meses, antes de que la Fiscalía planteara explorar un principio de oportunidad con inmunidad total.
La exfuncionaria también había hablado públicamente de las matrices. En mayo de 2025 afirmó que contenían información que había entregado a la Fiscalía y sostuvo que estaba dispuesta a responder por los errores que hubiera cometido, aunque negó responsabilidad por hechos que, según ella, no tenían relación con su actuación.
La negociación no prosperó. En abril de 2025, la Fiscalía confirmó que la defensa había solicitado inmunidad penal total, pero rechazó esa posibilidad al considerar que la información aportada era confusa, contradictoria y no estaba respaldada por evidencias objetivas suficientes.

La discusión por el celular
Otra afirmación de Ortiz quedó bajo cuestionamiento durante su reciente entrevista. La exconsejera aseguró que había entregado voluntariamente su teléfono celular a la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, el acta de policía judicial del 18 de diciembre de 2024 indica que el dispositivo fue incautado por investigadores del CTI. En el teléfono también se habrían encontrado conversaciones eliminadas, según la información del proceso.
Las diferencias entre sus declaraciones actuales y las actuaciones de su anterior defensa vuelven a poner bajo escrutinio su versión sobre el caso UNGRD.
Ortiz mantiene su inocencia y deberá responder ante la justicia por los delitos que le atribuye la Fiscalía. La presentación de matrices y la búsqueda de un principio de oportunidad hacen parte de las actuaciones de su defensa, pero no constituyen por sí mismas una declaración judicial de culpabilidad.









