PaEl exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, se quedó sin el esquema de protección que había exigido mediante una acción de tutela, luego de que se conocieran imágenes en las que aparece utilizando la camioneta blindada y a su escolta para realizar un trasteo en el sur de Bogotá.
Lemus había acudido a la justicia argumentando que enfrentaba graves riesgos de seguridad y solicitando que le devolvieran el vehículo blindado y el personal encargado de su protección, después de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le suspendiera el esquema.
Inicialmente, un juez concedió una medida cautelar que ordenaba mantenerle la protección mientras se resolvía de fondo el recurso. Sin embargo, durante el fin de semana se divulgaron videos en los que se observa al exfuncionario mientras su escolta acomoda objetos y pertenencias en el interior de la camioneta oficial, aparentemente para un acarreo particular.
El caso tuvo un nuevo desenlace este martes 10 de noviembre, cuando se conoció la decisión de fondo sobre la tutela. Según la información disponible, la determinación es retirar el esquema de seguridad que tenía asignado el exdirector de inteligencia.
Las imágenes también generaron cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos destinados a su protección, especialmente porque el vehículo y el escolta habrían terminado siendo utilizados para actividades personales.
Los cuestionamientos a su paso por la DNI
La salida de Lemus de la entidad estuvo rodeada de controversias por presuntas irregularidades en el manejo de información reservada, posibles seguimientos ilegales y la supuesta operación de una estructura paralela de contrainteligencia.
Una auditoría forense que examinó 147 terabytes de información, 40 computadores y cinco celulares encontró indicios de posibles operaciones por fuera de los controles institucionales.
Además, las investigaciones sobre el ingeniero Carlos Andrés Oyola, antiguo trabajador de la DNI, abrieron nuevos interrogantes sobre un presunto acceso irregular a bases de datos estatales y posibles maniobras informáticas relacionadas con las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio.
La decisión sobre el esquema de protección vuelve a poner bajo escrutinio la utilización de recursos de la UNP por parte de antiguos funcionarios del Gobierno anterior.
