La senadora María Clara Posada, integrante de la bancada del Centro Democrático, lanzó severas críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras revelar apartes de una providencia emitida en junio de 2026 por la Sección de Apelación de ese organismo judicial. La congresista denunció que, pese a las amplias brechas entre los activos inventariados y los efectivamente recibidos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el tribunal determinó que los antiguos mandos del grupo guerrillero no incurrieron en responsabilidad ni omisión sancionable.
En su pronunciamiento, Posada sostuvo que existe una marcada asimetría en el juzgamiento de la JEP, argumentando que mientras a los miembros de la Fuerza Pública se les aplica un estricto criterio de responsabilidad de mando, al exsecretariado de las FARC se le eximió de consecuencias jurídicas por la no materialización de los entregables económicos.
Balance del inventario y brechas en la recepción de activos
Viñeta Propiedades inmuebles y muebles: Según las tablas de la providencia expuestas por la parlamentaria, de 722 inmuebles reportados únicamente se recibieron 121, registrando un faltante del 81,8 %. En el rubro de muebles y enseres, de 51.992 elementos inventariados solo se entregaron 1.830, dejando sin recibir el 96,5 % de los bienes.
Viñeta Oro, divisas y semovientes: El reporte oficial muestra que de 440.020 gramos de oro en lingotes se recuperaron 252.500, mientras que de 25.000 gramos en joyas solo se entregaron 2.540. Asimismo, de 24.456 cabezas de ganado registradas la SAE solo recibió 258 semovientes, y de 319 medios de transporte se recepcionaron 31 unidades. En efectivo, se presentó un desfase de $385.650.000 respecto a los $2.500 millones inicialmente declarados.
Viñeta Argumentación de la JEP y factores de incumplimiento: La providencia de la JEP concluyó que los exintegrantes de la guerrilla cumplieron con el deber formal de elaborar el inventario. Las dificultades para la toma de posesión física fueron atribuidas por la magistratura a problemas de orden público, trabas en la titulación de predios (varios catalogados como baldíos o resguardos), la deserción de excombatientes que custodiaban información y la oposición de terceros en los territorios.
