Manuel Felipe Ibáñez Díaz, de 34 años, y José Luis Silva Arias, de 55, fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial por el atentado ocurrido el 23 de octubre. La defensa cuestionó la identificación de los procesados y aseguró que existen videos que mostrarían a otros responsables.
Dos hombres imputados por su presunta participación en el lanzamiento de una granada de fragmentación contra un autolavado en la urbanización Caribe Verde, en Barranquilla, fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La decisión fue adoptada este jueves por la juez 15 Penal Municipal con funciones de control de garantías, durante una audiencia en la que evaluó los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía y los argumentos expuestos por la defensa.
Los procesados fueron identificados como Manuel Felipe Ibáñez Díaz, de 34 años, y José Luis Silva Arias, de 55. Ambos son señalados de participar en el atentado ocurrido el pasado 23 de octubre en la calle 122 con carrera 9, donde fue lanzado el artefacto explosivo contra un establecimiento dedicado al lavado de vehículos.
Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas y se registraron daños materiales en el negocio y en un vehículo.
Los argumentos de la Fiscalía
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó elementos probatorios que, a juicio del ente acusador, permitirían establecer una inferencia razonable de autoría y participación de los dos procesados.
Entre las evidencias mencionadas se encuentran los testimonios de trabajadores del autolavado, quienes habrían identificado a los presuntos responsables mediante una videollamada.
La juez consideró que los elementos presentados permitían mantener la hipótesis de participación de los imputados. También advirtió sobre el peligro que representaría para la sociedad la gravedad de la conducta investigada, teniendo en cuenta que el lanzamiento de una granada podía poner en riesgo la vida de numerosas personas.
Otro aspecto valorado fue el presunto intento de huida de los procesados cuando fueron interceptados por las autoridades, circunstancia que, según la funcionaria judicial, representaba un riesgo de incomparecencia al proceso.
La togada aclaró que la medida de aseguramiento tiene carácter preventivo y no constituye una condena, por lo que se mantiene vigente la presunción de inocencia.
La defensa denuncia un posible error de identificación
La defensa de Ibáñez Díaz y Silva Arias cuestionó la investigación de la Fiscalía y sostuvo que sus representados no serían las personas que aparecen en los registros de seguridad realizando el ataque.
El abogado aseguró que obtuvo imágenes de cámaras de vigilancia en las que, según su interpretación, se observa a dos individuos vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta con características diferentes a las del vehículo en el que se desplazaban sus clientes.
También cuestionó que la Fiscalía no hubiera incorporado esos videos a la carpeta de investigación, bajo el argumento de que las cámaras del establecimiento no estaban funcionando.
Como explicación sobre la presencia de los procesados en la zona, el defensor manifestó que ambos trabajan como cobradiarios y que el día de los hechos habían salido desde el barrio Los Robles, en Soledad, con destino al corregimiento de Juan Mina para realizar cobros.
Según su versión, nunca ingresaron a Caribe Verde y fueron interceptados por la Policía cuando se desplazaban por una ruta que consideraban habitual para llegar a ese corregimiento.
El abogado presentó testimonios de familiares y clientes para respaldar que los dos hombres se dedican desde hace varios años a esa actividad económica.
Durante su intervención, calificó el procedimiento policial como un supuesto «falso positivo» y pidió que se investigara a los uniformados que participaron en la captura. Además, solicitó que sus defendidos recuperaran la libertad.
La juez descartó los videos presentados por la defensa
Al evaluar los argumentos del abogado, la juez señaló que las imágenes aportadas no tenían suficiente acreditación sobre su origen, autenticidad y fecha de grabación.
Aunque en los registros se observa una motocicleta en movimiento con dos personas, no se logró establecer con certeza cuándo fueron captados ni quién garantizaba su autenticidad.
Por esa razón, consideró que el material presentado no tenía la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar la inferencia razonable de participación expuesta por la Fiscalía.
La funcionaria judicial mantuvo la medida de aseguramiento y negó la solicitud de libertad.
Los cargos que enfrentan los procesados
A los dos hombres les fueron imputados los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones agravado, lesiones personales y daño en bien ajeno.
Ambos se declararon inocentes y no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
La decisión de imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario no fue apelada por ninguna de las partes durante la audiencia. El proceso continuará mientras se determina su eventual responsabilidad en el atentado contra el autolavado de Caribe Verde.
