Un megaoperativo de registro y control en la cárcel La Picota, en Bogotá, dejó como resultado la incautación de 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas Starlink, además de armas cortopunzantes, estupefacientes y dinero en efectivo.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció los resultados de la intervención, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en 19 pabellones del establecimiento penitenciario, como parte de las acciones del Gobierno para combatir la extorsión y las actividades criminales que se coordinan desde las cárceles.
La incautación también incluyó 356 armas cortopunzantes y numerosos accesorios electrónicos utilizados para las comunicaciones.
El mandatario acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a quienes utilizan los centros penitenciarios para continuar delinquiendo: «¡Se acabó la guachafita! Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales».
También afirmó que su Gobierno no permitirá que los internos sigan ordenando delitos, intimidando a ciudadanos y burlándose de la justicia desde sus lugares de reclusión.
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Traslados y controles en las cárceles
La intervención en La Picota se suma a otras medidas anunciadas por De La Espriella desde su llegada al Gobierno, entre ellas el traslado de 120 internos desde Buenaventura hacia establecimientos de máxima seguridad.
El presidente ha planteado que los reclusos considerados de alta peligrosidad deben permanecer en centros penitenciarios con controles estrictos sobre sus comunicaciones.
El hallazgo de cientos de teléfonos y miles de tarjetas SIM en La Picota vuelve a poner sobre la mesa el problema de las comunicaciones ilegales desde las cárceles. En septiembre pasado, una investigación de la Fiscalía identificó una presunta red de extorsión y estafa que habría recaudado cerca de 4.900 millones de pesos mediante operaciones coordinadas desde ese establecimiento.
El operativo anunciado este martes representa un decomiso de gran volumen, aunque el resultado de la estrategia dependerá también de que se impida el ingreso de nuevos dispositivos y se identifique a quienes los utilizaban para actividades delictivas.
