Cerca de 120.000 candidatos podrían participar en los comicios territoriales del 31 de octubre de 2027, cuando se elegirán alrededor de 20.000 cargos públicos en Colombia.
Las elecciones territoriales de 2027 comienzan a generar preocupación por los riesgos de violencia, amenazas, polarización política y posible intervención de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió sobre el panorama de seguridad que podría rodear la jornada electoral y pidió a las autoridades adoptar medidas para proteger el proceso democrático.
Durante un encuentro sobre democracia realizado en Bogotá, Penagos señaló que las tensiones políticas nacionales pueden trasladarse a los territorios, donde las disputas por el poder local tienen consecuencias particulares.
Los comicios están programados para el 31 de octubre de 2027 y permitirán elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031. En total, estarán en juego cerca de 20.000 cargos públicos y la Registraduría estima que se inscribirán aproximadamente 120.000 candidatos.
El antecedente de las elecciones de 2023
El registrador recordó que durante los anteriores comicios territoriales se presentaron cerca de 91 hechos violentos, entre ellos disturbios, destrucción de material electoral, retenciones de funcionarios e impedimentos para instalar puestos de votación.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 28 de octubre de 2023 en Gamarra, Cesar, cuando un grupo de personas incendió la sede de la Registraduría. En el ataque murió una funcionaria y otras tres personas resultaron gravemente afectadas.
Penagos también advirtió sobre posibles presiones de organizaciones armadas ilegales en las disputas por alcaldías y otros cargos locales. Además, aseguró que algunos dirigentes podrían promover alteraciones del orden público cuando sus posibilidades electorales se vean comprometidas.
Amenazas contra funcionarios
La preocupación por la seguridad también alcanza a las autoridades electorales y de control. El registrador reveló recientemente que ha recibido amenazas de muerte, mientras que el procurador general, Gregorio Eljach, denunció intimidaciones contra él, su familia y su equipo de trabajo.
El desafío será garantizar condiciones de seguridad para candidatos, funcionarios, jurados y ciudadanos durante la campaña y la jornada electoral.
La advertencia de la Registraduría pone sobre la mesa un asunto que tendrá especial importancia en las regiones: evitar que las amenazas, las presiones armadas y los enfrentamientos políticos afecten la participación ciudadana y el desarrollo de las elecciones de 2027.
