El Congreso de la República inició la discusión de un proyecto de reforma constitucional que busca fijar la terminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028, impidiendo la prórroga automática de cinco años contemplada originalmente en el marco de la justicia transicional y trasladando sus procesos pendientes a la justicia ordinaria.
Argumentos del Centro Democrático y promotores de la iniciativa
Término definitivo: La senadora María Clara Posada (Centro Democrático) respaldó la propuesta, precisando que el proyecto busca dar cumplimiento a los periodos iniciales del tribunal transicional sin conceder extensiones adicionales que prolonguen indefinidamente su jurisdicción.
Transferencia a la justicia ordinaria: Según lo expuesto en la ponencia impulsada junto a legisladores como Enrique Gómez, los casos y expedientes de comparecientes que permanezcan en juzgamiento para 2028 pasarían a ser asumidos por las salas y jueces de la justicia ordinaria (como la jurisdicción de Justicia y Paz).
Cuestionamientos al presupuesto y resultados: Los sectores impulsores argumentan un alto costo operativo en relación con el número de sentencias definitivas dictadas, solicitando además una redistribución del presupuesto asignado a la JEP.
Choque político y reacciones contrarias
Seguridad jurídica e instrumentos transicionales: Congresistas de bancadas de gobierno y oposición al proyecto advirtieron que un cierre prematuro podría vulnerar la seguridad jurídica de los más de 12.000 comparecientes, dejar en el limbo el seguimiento de las medidas restaurativas hacia las víctimas e incurrir en posibles violaciones a los compromisos internacionales de justicia transicional asumidos por el Estado.
Postura de la magistratura: El presidente del tribunal de paz, Alejandro Ramelli, calificó previamente las iniciativas de cierre anticipado y recorte presupuestal como un embate directo contra la arquitectura de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición establecida en la Constitución
