Dos presuntos integrantes del Frente José David Suárez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron capturados en Casanare, señalados de estar relacionados con los asesinatos de dos líderes comunales y de participar presuntamente en actividades de extorsión en el departamento.
Las detenciones se realizaron en operativos adelantados en Yopal y Recetor, mediante órdenes judiciales ejecutadas por tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
Según el reporte oficial, los detenidos son investigados por los presuntos delitos de homicidio agravado y rebelión. Durante los procedimientos, las autoridades también incautaron una motocicleta que será sometida a verificaciones dentro de la investigación.
Las pesquisas buscan establecer la posible responsabilidad de los capturados en los homicidios de los líderes sociales Javier Confial y Lida Katerin Rojas. La información preliminar de inteligencia apunta a una posible relación de estos hechos con órdenes impartidas por un presunto cabecilla militar del Frente de Guerra Oriental del ELN, conocido con los alias de ‘Sendales’ o ‘el Profe’.
Las autoridades también indagan sobre su presunta participación en cobros extorsivos a diferentes sectores económicos de Casanare. Una de las hipótesis es que estas actividades habrían servido para obtener recursos, ejercer presión sobre la población y mantener el control territorial de la organización armada.
Otro frente de la investigación busca determinar si se habrían utilizado asociaciones para aparentar legalidad y facilitar el ocultamiento de actividades ilícitas o el movimiento de recursos hacia el grupo guerrillero.
De acuerdo con el Ejército, los dos capturados estaban incluidos entre los objetivos priorizados en el denominado Libro Blanco de la Presidencia de la República.
Las autoridades señalaron que las capturas buscan contribuir al esclarecimiento de los asesinatos y afectar las capacidades financieras y operativas del ELN en Casanare. La responsabilidad de los detenidos en los hechos investigados deberá establecerse ante la justicia, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
