El senador Carlos Meisel, coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación para 2027, sostuvo que las diferencias denunciadas en torno al artículo 65 durante el trámite en la Cámara de Representantes no invalidarían todo el proceso legislativo desde su inicio.
Según el congresista, la situación no anularía automáticamente las etapas anteriores y el texto que podría expedirse mediante decreto sería el aprobado en el primer debate por las comisiones económicas del Congreso.
La posición de Meisel se conoce en medio de la controversia por las presuntas diferencias entre las versiones del artículo 65 aprobadas por el Senado y la Cámara, relacionadas con la estabilización de fondos frente a las fluctuaciones del petróleo y el precio de la gasolina.
La senadora Esmeralda Hernández advirtió que las diferencias podrían haber exigido una comisión de conciliación antes del vencimiento del plazo legal. Por su parte, Lina García, defensora del Pueblo Regional de Bogotá, anunció que demandaría el proyecto si el Gobierno lo sanciona bajo las condiciones cuestionadas.
En contraste, durante la discusión en la Cámara, el representante John Édgar Pérez afirmó que los textos aprobados eran iguales y que, por esa razón, no se requería conciliación.
La discusión ahora se centra en las consecuencias jurídicas de lo ocurrido y en cuál texto podría servir de base para la expedición del presupuesto si finalmente se recurre a un decreto. La interpretación planteada por Meisel deberá contrastarse con los documentos legislativos y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
