La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado Camilo Tarquino Gallego y ordenó su captura inmediata por el delito de concusión, relacionado con el escándalo de corrupción judicial conocido como el Cartel de la Toga.
La sentencia establece una pena de seis años de prisión, una multa de 87 millones de pesos y una inhabilitación de cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.
Según los hechos por los que fue condenado, Tarquino actuó como intermediario del exmagistrado José Leonidas Bustos para exigirle al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, 20.000 millones de pesos. A cambio, presuntamente le ofrecían gestionar el archivo de las investigaciones penales que avanzaban en su contra.
La condena por los cobros ilegales
El delito de concusión se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo o de sus funciones, induce o exige a alguien dinero u otra utilidad indebida.
En este caso, la responsabilidad penal de Tarquino quedó establecida en la decisión judicial que ahora queda en firme. La orden de captura permitirá ejecutar la pena de prisión impuesta por la Corte.
El escándalo que comprometió a la justicia
El Cartel de la Toga salió a la luz a partir de investigaciones sobre presuntos pagos a funcionarios judiciales para favorecer a personas vinculadas a procesos penales. El caso involucró a antiguos integrantes de la cúpula judicial y expuso mecanismos mediante los cuales se habría buscado intervenir irregularmente en decisiones judiciales.
La condena de Tarquino se suma a las consecuencias penales derivadas de ese escándalo, que dejó bajo escrutinio la conducta de funcionarios encargados de administrar justicia.
Con la sentencia en firme, el cumplimiento de la pena queda sujeto a las actuaciones de las autoridades competentes para hacer efectiva la captura y el ingreso del exmagistrado al sistema penitenciario.
