María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, reveló nuevos detalles de la información que, según afirmó, recibió la Fiscalía General de la Nación sobre el asesinato de su esposo.
En una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, aseguró que alias Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico del fallecido jefe de las Farc Manuel Marulanda Vélez, conocido como ‘Tirofijo’, y como hijo de crianza de la excongresista Sandra Ramírez, habría impartido y coordinado la orden material para ejecutar el crimen.
“El hijo de Tirofijo, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden y la coordinó”, afirmó Tarazona durante la conversación, en la que sostuvo que la información conocida recientemente podría ayudar a esclarecer la cadena de responsabilidades detrás del magnicidio.
Los señalamientos son graves y, hasta el momento, corresponden a la versión expuesta por Tarazona sobre información que atribuye a la investigación. La responsabilidad penal de las personas mencionadas deberá establecerse a partir de las pruebas y las decisiones de las autoridades judiciales.
La pista de una mina ilegal en Guainía o Vaupés
Tarazona explicó que una de las nuevas líneas de investigación estaría relacionada con una mina ilegal ubicada, según dijo, en Guainía o Vaupés. El lugar sería administrado por Enrique Marulanda y pertenecería a alias ‘John 40’, señalado como integrante de la Segunda Marquetalia.
Según la viuda de Uribe Turbay, esa información llegó a la Fiscalía a finales de la semana anterior y estaría relacionada con la presunta financiación del asesinato. La hipótesis también apunta a establecer si los recursos utilizados para ejecutar el crimen salieron de esa actividad minera.
La investigación, de acuerdo con información publicada por la prensa nacional, contempla la posibilidad de que el pago por el magnicidio haya ascendido a 5.000 millones de pesos. También se examina si ese dinero habría salido de una explotación de oro y coltán en Barrancominas, Guainía, vinculada a alias ‘John 40’.
La cifra y el origen de los recursos forman parte de las líneas que deben ser verificadas por los investigadores. No constituyen, por sí solos, hechos judicialmente establecidos.
Iván Márquez y el ‘Zarco Aldinever’, entre los señalados
Tarazona sostuvo que la Segunda Marquetalia habría tenido un papel decisivo en la ejecución del asesinato, aunque diferenció esa participación de la autoría intelectual del crimen.
“La Segunda Marquetalia fue parte de la autoría material, más no de la intelectual”, afirmó.
En su versión, los cabecillas alias ‘Iván Márquez’ y ‘Zarco Aldinever’ habrían ordenado y financiado la operación. Los recursos, según relató, habrían llegado desde Venezuela y posteriormente se habrían utilizado para contratar a las personas que participaron en el atentado.
Tarazona también mencionó a alias ‘El Viejo’, a quien atribuyó la coordinación de la estructura criminal que operaba en Bogotá. Según su declaración, este hombre habría manifestado ante la justicia que fue contratado por ‘Iván Márquez’ y ‘Zarco Aldinever’.
La viuda afirmó que la información disponible permite reconstruir una posible ruta entre los cabecillas, la financiación y quienes ejecutaron el asesinato. La verificación de esa cadena de mando depende de las pruebas que logren reunir y contrastar las autoridades.
Las reuniones que estarían bajo investigación
La información periodística sobre las pesquisas también ha mencionado una presunta reunión de integrantes de la Segunda Marquetalia en la que se habría tomado la decisión de ejecutar el crimen. Entre los nombres que aparecen en esas versiones figuran ‘Iván Márquez’, alias ‘Zarco Aldinever’, alias ‘John 40’, alias ‘Enrique Marulanda’ y otros integrantes de esa organización armada.
También se ha mencionado la presunta participación virtual de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, y de un hombre identificado como ‘Jairo’ o ‘Popeye’, además de Walter Mendoza y Alberto Cruz Lobo.
La eventual intervención de cada uno de ellos deberá ser establecida individualmente. La aparición de un nombre en una línea de investigación no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.
Tarazona menciona las extradiciones como parte del nuevo escenario
Durante la entrevista, Tarazona sostuvo que varios acontecimientos recientes podrían facilitar el avance de la investigación. Entre ellos mencionó la captura de Nicolás Maduro, que situó el 3 de enero de 2026, y las extradiciones de alias ‘Araña’ y alias ‘Águila’, a quienes relacionó con estructuras de la Segunda Marquetalia.
Sobre alias ‘Araña’, aseguró que habría estado en los departamentos de Guainía y Vaupés coordinando asuntos relacionados con los recursos utilizados para financiar el asesinato. También expresó su expectativa de que la justicia estadounidense contribuya a esclarecer los hechos relacionados con alias ‘Águila’, señalado como cercano a ‘Zarco Aldinever’.
Estas afirmaciones hacen parte de la interpretación de Tarazona sobre el avance de las pesquisas y deben contrastarse con información oficial de las autoridades colombianas y extranjeras.
“La orden salió del Congreso”, la otra denuncia de la viuda
La entrevista también retomó una afirmación que Tarazona había hecho días antes: que la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay habría salido del Congreso de la República.
La viuda aseguró que su señalamiento no responde, según ella, a una opinión personal, sino a mensajes, indicios e información que habría entregado a la Fiscalía. Sin embargo, no se ha establecido públicamente, con base en la información suministrada para esta nota, qué congresista habría impartido la supuesta orden ni cuál sería la participación concreta de personas vinculadas al Legislativo.
El vínculo que Tarazona plantea entre Enrique Marulanda y Sandra Ramírez es uno de los elementos que, a su juicio, debe examinarse dentro de esa hipótesis. Ese parentesco de crianza, por sí solo, no demuestra la participación de la excongresista ni de otros integrantes del Congreso en el magnicidio.
Tarazona también cuestionó versiones que atribuyó al gobierno del expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, en su opinión, se habría intentado desviar la atención de la Segunda Marquetalia. Además, manifestó que espera que la investigación permita determinar si el asesinato puede calificarse jurídicamente como un crimen de Estado.
Esa calificación sigue siendo una postura expresada por la viuda, no una conclusión judicial establecida.
El caso continúa planteando preguntas fundamentales: quién tomó la decisión de asesinar a Miguel Uribe Turbay, de dónde salió el dinero, cómo se coordinó la operación y si hubo personas con vínculos políticos que intervinieron en la planeación. La respuesta dependerá de la evidencia que la Fiscalía pueda verificar y presentar ante la justicia.
